J. MORÁN

El IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) siempre llama al timbre, e incluso a puertas donde sistemáticamente es devuelto por razones legales. Por extraño que parezca, ayuntamientos como el de Oviedo remiten periódicamente al Arzobispado y a la Iglesia los recibos de la antiguamente conocida como «contribución urbana» -cuyos resguardos guardaban con orgullo los vecinos como prueba fehaciente de que el piso era suyo-. Una vez recibidas las facturas del IBI, en las dependencias eclesiásticas hay un oficial de la curia diocesana que prácticamente se dedica en exclusiva a devolver uno tras otro los recibos con su correspondiente recurso al amparo de los Acuerdos España-Santa Sede de 1979 o de la ley de Mecenazgo -de incentivos fiscales-, promulgada en 2002.

Pero si un día llegaran a pagarse esos recibos en todos los ayuntamientos asturianos, ¿a cuánto ascendería lo abonado? «No nos hemos puesto a calcularlo porque hay gran diferencia entre lo que contribuiría una casa rectoral en un concejo rural o lo que le correspondería a un convento establecido en un núcleo urbano», explican en el Arzobispado de Oviedo.

Lo cierto es que las estimaciones sobre lo que la Iglesia pagaría en concepto de IBI -si se modificasen los Acuerdos de 1979 y la ley de Mecenazgo- son de una imprecisión total y ofrecen diferencias disparatadas, según quien las defienda.

Por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, declaró fechas atrás que si la Iglesia pagase el IBI el Estado recaudaría 3.000 millones de euros, «los mismos que ahora quiere recortar en Educación». En el lado contrario, el responsable de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, estima que el pago del IBI por parte de todas las instituciones de la Iglesia -diócesis, congregaciones religiosas, etcétera- no sobrepasaría los 100 millones de euros.

Acotando la cuantía a una archidiócesis como la de Madrid, Juan Ignacio Gorospe Oviedo, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad San Pablo CEU, estima que la capital podría recaudar 109 millones de euros si se anularan todas las exenciones del IBI, y no sólo las de la Iglesia católica.

Porque muchos son los exentos, como recordaba esta semana Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo y ex obispo auxiliar de Oviedo. «Por ley, también están exentos, y sin ser exhaustivos, los inmuebles de servicios públicos (Defensa, Seguridad, Educación, Servicios Penitenciarios?); las embajadas o edificios pertenecientes a gobiernos extranjeros; los de Cruz Roja, o los de uso religioso de iglesias evangélicas, del Islam o de las comunidades israelitas». A todos ellos se suman los edificios del patrimonio histórico-artístico o los terrenos y edificios ferroviarios. En Madrid, donde no pagan IBI los hoteles Ritz y Palace, ni el palacio de Liria, o el de la SGAE, los 109 millones de recaudación que calcula Ignacio Gorospe se distribuirían del siguiente modo: 60 millones por edificios públicos, 30 por inmuebles históricos, tres por las embajadas y unos cinco millones por los bienes inmuebles religiosos, incluidos los católicos.

¿Y Asturias? Según un cálculo del periodista de información religiosa José Manuel Vidal, una diócesis media como la de Oviedo aportaría unos 100.000 euros al erario público por el IBI. La diócesis asturiana suma 934 templos y 2.000 capillas, además de unas 900 casas parroquiales, según el ecónomo del Arzobispado de Oviedo, José Ramón Garcés.

El administrador de la diócesis explica que las exenciones de impuestos establecidas en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 se verifican según tres condiciones: «Que sean inmuebles destinados al culto divino, que sirvan para el sustento del clero -casas parroquiales, seminarios, residencias sacerdotales...-, o que estén destinados a fines pastorales, principalmente a la caridad».

No obstante, estas circunstancias otorgaban a la Iglesia católica una impresión de entidad privilegiada que se diluye con la ley de Mecenazgo de 2002, en la que se establece la exención del IBI a las entidades sin fines lucrativos y de interés general, los cuales incluyen a toda institución que vele por los derechos humanos o la inclusión social, o que tenga fines cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de promoción del voluntariado, de defensa del medio ambiente, y un largo etcétera. «Y de lo que no está exenta la Iglesia, al igual que nadie, es del pago de las tasas y de los precios públicos (recogida de basuras, por ejemplo), aunque ahora mismo, con esto del IBI, se está causando la impresión de que la Iglesia no paga nada», concluye José Ramón Garcés.