04 de junio de 2012
04.06.2012

«El hijo de la cartera será el más dañado si ella va a prisión», dicen los sindicatos

Solicitan el indulto «por razones humanitarias» de la funcionaria condenada a tres años de cárcel y piden la mediación del delegado del Gobierno

03.04.2012 | 04:40
Santiago, Rodríguez Braga y Calero, ayer, en la sede ovetense de UGT.

E. V.

El tiempo es oro para la funcionaria de Correos condenada a tres años de cárcel por no entregar una carta certificada y rellenar ella misma el acuse de recibo. La sentencia de la Audiencia Provincial que ordena el ingreso en prisión de Carmela R. H. es firme y fue ratificada hace un mes por el Tribunal Supremo. Así las cosas, la cartera podría entrar en la cárcel en cualquier momento, salvo si los tribunales deciden suspender la ejecución de su condena mientras esperan la llegada de un posible indulto del Gobierno central.


Los sindicatos UGT, CSIF y Sindicato Libre de Correos ofrecieron ayer su apoyo a la cartera y solicitaron la mediación del delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, para lograr un indulto «total o parcial» de la pena o, lo que es lo mismo, evitar que Carmela R. H. vaya a la cárcel. Para el secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, el indulto «responde a razones humanitarias» porque la condenada, de 51 años, es viuda y madre de un adolescente de 14 años. «El hijo de la cartera será el más dañado si ella va a prisión. Al final, van a condenar más al crío que a la propia funcionaria, que está haciendo de padre y de madre en este momento», afirmó el representante del Sindicato Libre de Correos, Antonio Santiago, para quien la condena de tres años de prisión es «excesiva para alguien que ha cometido una irregularidad». El representante del CSIF, Francisco José Calero, aseguró que desde la emisión del fallo del Supremo se han recogido 10.645 firmas «de compañeros de Correos de toda España y de ciudadanos anónimos».


Según Rodríguez Braga, la concesión del indulto a la funcionaria pública es posible porque carece de antecedentes penales y existen varias sentencias similares. El secretario de UGT puso como ejemplo los indultos recientes del juez Gómez de Liaño y del vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, entre otros. Los hechos se remontan a noviembre de 2003, cuando la cartera, con más de veinte años en el servicio de Correos y destinada en el barrio de la Tenderina, no entregó un certificado del Ministerio de Justicia que denegaba la asistencia de un abogado de oficio a un vecino que se enfrentaba a un juicio por desahucio. Carmela R. H. rellenó el acuse de recibo falsificando la firma y la carta jamás llegó a su destinatario. Sin embargo, el documento había llegado a la oficina de Correos días después de la celebración de la vista, por lo que la actuación de la funcionaria no supuso perjuicio alguno. El afectado no presentó la denuncia hasta cinco años después y entre la apertura del proceso judicial y la sentencia transcurrieron tres años (de 2008 a 2011).


La Audiencia Provincial condenó a la funcionaria a tres años de prisión, dos años de inhabilitación para ejercer su profesión, una multa de más de mil euros y el pago de las costas de la acusación particular. La abogada de la cartera presentó un recurso contra esta sentencia, pero el Tribunal Supremo la confirmó. Curiosamente, el afectado también recurrió ante el Supremo, ya que la Audiencia le había denegado los 30.000 euros en concepto de indemnización por los perjuicios sufridos, pero le fueron denegados, ya que la carta certificada fue cursada días después de la celebración del juicio por desahucio.


Para los sindicatos, si bien la funcionaria cometió una irregularidad, «no se lucró ni obtuvo ningún tipo de beneficio con la falsificación de la firma», y, según Rodríguez Braga, «la pena de cárcel podría sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad u otro tipo de penas».


Los compañeros de Carmela R. H. anunciaron nuevas concentraciones delante de sus centros de trabajo en apoyo de la cartera. La última manifestación tuvo lugar el 20 de marzo frente a la sede de la calle Alonso Quintanilla bajo el eslogan «Por el indulto a Carmela».

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