Santa Bárbara Sistemas, filial en España de la multinacional norteamericana General Dynamics, anunció ayer que despedirá a 700 trabajadores -la mitad de su plantilla en España- en los cinco centros de trabajo que tiene repartidos por el país y que suman 1.325 puestos de trabajo. La medida afectará a la Fábrica de Armas de Trubia, de la que serán despedidos casi la mitad de sus trabajadores (289) y otra parte (213) será incluida en un expediente temporal de regulación de empleo que dejará bajo mínimos la mano de obra en el conjunto fabril. El expediente temporal se extenderá al año 2014 (93 empleados) y a 2015 (66).

Los despidos llegan 107 días después de que los últimos trabajadores de la Vega se incorporaran a Trubia después de que en abril de 2012 la compañía anunciara el cierre de la fábrica ovetense con el objetivo de ahorrar costes y garantizar los puestos de trabajo. De esta forma, en Trubia se verán afectados por los despidos permanentes y temporales un total de 502 trabajadores de una plantilla que cuenta con 601 miembros. Además, Santa Bárbara cerrará la fábrica de La Coruña (172 trabajadores) y reducirá las plantillas de las factorías de Granada (54 trabajadores de 128), Sevilla (82 de 229) y en sus oficinas de Madrid (96 de 205). La única fábrica del grupo que se salva de los despidos es la de Palencia, ya que será vendida a una empresa noruega especializada en la fabricación de munición.

Santa Bárbara justifica los despidos porque cerró el ejercicio de 2012 «con pérdidas sustanciales» debido, a su juicio, «a las drástica contracción de los presupuestos de Defensa» y porque «las perspectivas del mercado global» del sector armamentístico «se mantienen negativas por los continuos recortes presupuestarios de los principales clientes europeos». La dirección de la empresa considera que «la viabilidad y continuidad» de la empresa «pasa por una reducción de la plantilla» y para «preservar el mayor número posible de puestos de trabajo».

Según fuentes de la empresa, los despidos son consecuencia de un estudio encargado a una empresa externa que recoge que la plantilla está «sobredimensionada para ser competitivos». En cuanto a Trubia, Santa Bárbara asegura que cuenta con una carga de trabajo del 24 por ciento. La empresa matizó que los expedientes de regulación temporal «son previsiones» basadas en los cálculos de la carga de trabajo esperada y que pueden quedar en suspenso si se consiguen nuevos contratos.

Santa Bárbara comunicó a los sindicatos la medida durante una reunión que mantuvo ayer con el comité intercentros. De él forma parte José María Ordóñez, líder sindical en Trubia y responsable de CC OO dentro del grupo Santa Bárbara. El sindicalista reconoció que «algo nos esperábamos por la baja carga de trabajo y los impagos de Defensa, pero no algo de este estilo. No somos diferentes a los problemas que sufren otras empresas, pero no creíamos que iban a traspasar líneas rojas de esta manera». Ordóñez no olvida «las bonanzas que nos vendieron con el cierre de la Vega y a los pocos meses presentan un expediente de regulación para una fábrica que ellos mismos crearon». Ordóñez explicó que «hay que pensar cómo combatir esto», pero asume que con la reforma laboral «nos queda poco margen de maniobra», por lo que anunció «movilizaciones ante esta agresión. No nos queda otra alternativa».

Por su parte, Mariano Fernández, antiguo líder sindical de UGT en la Vega y ahora en el comité de empresa de Trubia, aseguró que los despidos son «la culminación del proceso que se inició con el cierre de la Vega, con el que se buscaba acabar con el sector en Asturias». Fernández aseguró que esto se produce porque el Ayuntamiento y el Principado «nos dejaron solos» en su lucha por mantener abierta la Vega.

Agustín Iglesias Caunedo (PP), alcalde Oviedo, mostró su indignación por los despidos y porque la decisión de Santa Bárbara llega menos de un año después de que la compañía defendiese como vital para garantizar el empleo el cierre de la Vega y el traslado de los operarios y las líneas de producción a Trubia. «No puedo dejar de sentirme engañado por una empresa que planteó el traslado de la Vega a Trubia como una medida para mantener el empleo y la actividad, y en pocos meses plantea todo lo contrario», aseguró Caunedo.

Defensa alega que es «una decisión soberana de una empresa privada»

El Alcalde afirmó que «comparto la frustración y el sentimiento de engaño que deben sentir ahora los trabajadores de la fábrica de armas», y añadió que «me pongo a su lado para exigir que se estudien soluciones que no afecten al empleo ni a la proyección de esta fábrica». Caunedo adelantó que analizará su situación y que «trataremos de consensuar con todos los grupos una postura conjunta del Ayuntamiento ante esta medida que pone en peligro a una industria muy unida a Oviedo y que nos aporta distinción técnica e innovación en un sector de tanto desarrollo tecnológico».

Mientras, el consejero de Economía, Graciano Torre (PSOE), atribuyó los despidos a «la política industrial, económica y de empleo del Partido Popular. Es una muestra más de esta desgraciada política». Torre analizó la situación asegurando que «parece ser que el Ministerio de Defensa ha suspendido el contrato del "Pizarro", que incluía la fabricación de 178 vehículos, de los que ya están a punto de terminarse 122».

Torre prosiguió cargando contra el Gobierno de Mariano Rajoy asegurando que «Defensa dio la orden de que no se produzca nada más; parece que les pagarán lo que ya está hecho pero no habrá más carga de trabajo». Y sentenció: «Pese a tener los contratos firmados, también se posponen los trabajos previstos para los próximos meses para Emiratos y Arabia Saudí; lo que significa que se quedan sin carga de trabajo total y absolutamente», indicó.

Torre fue muy criticado por los sindicatos cuando en julio del año pasado aseguró en el Parlamento asturiano que «no es razonable oponerse al traslado de la fábrica de armas cuando decenas de asturianos van al paro cada día» y dijo que «lo importante no son los cuatro kilómetros o los diez minutos que la separan de Trubia, lo importante es el empleo».

Desde el Ministerio de Defensa se eludió valorar en profundidad la situación, aunque sí se dijo que «lamentamos la pérdida de puestos de trabajo, pero se trata de una decisión soberana de una empresa privada».

En cuanto a las reacciones de los grupos políticos municipales la más contundente fue la de Roberto Sánchez Ramos, «Rivi», (IU). «Se trata de una operación del Ministerio de Defensa y de General Dynamics perfectamente diseñada en el tiempo y la forma», dijo, para proseguir: «Primero destruyen la Vega para hacer caja, luego no se preocupan de la carga de trabajo, para al final meter el cuchillo en el corazón de la industria armamentística». Sánchez Ramos aseguró que desde Defensa el ministro, Pedro Morenés, y el secretario de Estado, el asturiano Pedro Argüelles, «convencieron al PP y al Alcalde par que no se movieran». Y sentenció: «Lo único que sobra son estos políticos corruptos que diseñan políticas destructivas contra la gente».

Por su parte, Andrés Llavona, portavoz en el Ayuntamiento de Foro, afirmó que los despidos son «una locura contra la que habrá que hacer algo» ya que «Asturias no se puede permitir esto. Es una nueva tomadura de pelo. Ya está bien». El líder forista explicó que su partido «intuyó» que esto iba a ocurrir cuando Santa Bárbara decidió abandonar la Vega donde «no se hacía latón, sino productos de primera línea en Europa».

Mientras, Alfredo Carreño, portavoz de los socialistas en el Consistorio ovetense, coincide con aquellos que vinculan los despidos con el cierre de la Vega. «Confirma que el traslado de la Vega a Trubia era el inicio del desmantelamiento del sector en Asturias». Para el líder socialista se trata de «una operación que llega por la connivencia entre General Dynamics y el PP, que es quien ha permitido todo esto». Alfredo Carreño también culpó al alcalde ovetense «que no hizo lo que debía».