Carmen BASTEIRO

Una sentencia dictada por el Juzgado central de lo contencioso-administrativo de Madrid obliga al Ministerio del Interior a indemnizar a un vecino de Oviedo al que agredió y apuñaló diez veces un recluso que se encontraba en libertad condicional. El agresor fue condenado a pagar la indemnización, pero se declaró insolvente, y el demandante ha conseguido involucrar a la Administración en su caso. El agredido estuvo representado por Abogados Graña Barreiro, con despachos en Mieres y Pola de Lena.

«Estamos muy contentos con esta sentencia», señaló ayer la letrada Natalia Graña. Según explicó, este fallo es «una muestra de que la Administración tiene que estar pendiente y es responsable directa en los casos de reinserción de internos». El fallo del Juzgado central responde a un recurso presentado por el despacho de abogados de la comarca del Caudal sobre una resolución del Ministerio del Interior en la que desestimaba la reclamación de J. A. F. G. como consecuencia de las lesiones sufridas. El agredido decidió acudir a la Administración después de que el Juzgado de lo penal número 2 condenara al agresor a indemnizarlo. Este primer fallo no se llegó a cumplir porque el acusado se declaró insolvente.

Los hechos que provocaron la demanda, según recoge la sentencia, tuvieron lugar el 17 de febrero de 2009. J. A. F. G. se encontraba en un bar de Oviedo cuando el agresor «pidió una copa a la camarera y, sobre las 00.30 horas, sin que mediara conversación alguna o discusión con J. A. (el agredido), a quien no conocía de nada, lo cogió por el brazo y le dijo: "Sal fuera", accediendo éste». «Una vez en el exterior, el acusado propinó un primer puñetazo en la frente de J. A., que hizo que se quedara aturdido, comenzando entre ambos un forcejeo, en el transcurso del cual la víctima consiguió huir hasta su vehículo (...). J. A. consiguió entrar en el coche, pero no le dio tiempo a arrancarlo, ya que el acusado le abrió la puerta y le dio un primer navajazo en la zona del corazón y posteriormente varios más», añade el texto de la sentencia que reproduce el fallo del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo.

J. A. F. G. consiguió arrancar el coche y condujo en dirección al Hospital Central de Oviedo, pero tenía diez heridas de arma blanca y tuvo que detener el vehículo y llamar al 112. «Estuvo nueve días hospitalizado, permaneció 59 días impedido para sus ocupaciones y tardó en curar 68 días. Le quedaron como secuelas diversas cicatrices (un total de once) en diversas partes del cuerpo, que en su conjunto suponen un perjuicio estético entre moderado y medio», relata la sentencia. El agresor también ocasionó daños en el coche de J. A. F. G.

El acusado había sido condenado «en sentencia de 18 de julio de 2005 por delito de lesiones a la pena de seis meses de prisión, la cual le fue suspendida por plazo de dos años y en sentencia de 27 de marzo de 2006 por delitos de tenencia ilícita de armas y contra la salud pública», señala el fallo. Salió en libertad condicional el 6 de febrero de 2009, tan sólo once días antes de que se produjera la agresión a J. A. F. G. La sentencia del Juzgado central destaca que, «aunque el preso se encontraba en libertad condicional otorgada por el juez de Vigilancia Penitenciaria, agredió a una persona y causó daños en un vehículo y, aunque si bien se reconoce que el mal causado no dimanó directamente de la propia actividad de la Administración o de sus propios servicios (...), concurren los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado». El Ministerio del Interior tendrá que indemnizar a J. A. F. G. por un total de 16.205 euros, en concepto de los daños personales y materiales ocasionados y también por los honorarios de los profesionales que defendieron al agredido. La sentencia es firme.