El municipio tratará de alcanzar un acuerdo con la empresa del spa del Prados de la Fuente, Naranco Wellness, para evitar el derribo del edificio inacabado que se levanta sobre la parcela, después de la quiebra de la empresa y de la rescisión del contrato. Así lo asegura el concejal de Economía, Jaime Reinares, que considera que aunque el acuerdo municipal exija la devolución de la parcela en las condiciones previas a la concesión del contrato de obra y gestión, es decir, sin ninguna construcción, derribar el edificio ya construido sería un "despilfarro".
"Intentaremos llegar a un acuerdo para que el Ayuntamiento pueda aprovechar la edificación que ya está levantada", señaló Reinares. El acuerdo sería "económico", reconoció el concejal.
Al margen de la intención política, por ahora el acuerdo municipal pasa por la demolición de la obra construida, que se estima en un 20 por ciento del proyecto total, con una inversión de dos millones de euros, dinero que reclama la empresa, que ha llevado el caso al juzgado de lo Contencioso Administrativo.
La concesionaria se opuso en su momento al acuerdo municipal de rescindir el contrato por incumplimiento culpable, y llevó el caso a los tribunales, planteando un recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4, ya que considera que el Ayuntamiento debe pagar por la obra ya ejecutada, y que no hay motivos para la incautación de la fianza.
La posición del Ayuntamiento de Oviedo recibió el visto bueno del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que emitió un dictamen no vinculante aprobando la retirada de la concesión. Pese a ello, y después de que el caso llegara al Juzgado, el pasado mes de octubre la junta de gobierno aprobó de nuevo la retirada de la concesión, "de forma subsidiaria", esta vez por la quiebra de la empresa, y mantuvo su decisión de incautar la fianza.
La pasada semana, Naranco Wellnes presentó una nueva alegación contra el último acuerdo municipal, en la que califica de "inaudito" que se pretenda "resolver un contrato que ya se ha resuelto previamente", ni aunque se justifique como medida "subsidiaria y cautelar", y apunta a que la intención del municipio es "la incautación de la fianza".
En su recurso contra la primera rescisión del contrato, por incumplimiento culpable, los empresarios argumentan que no fueron notificados durante el procedimiento administrativo, que comenzó en enero de este año, y añaden la exigencia de que se les abone una cantidad correspondiente al 20 por ciento ejecutado de la obra, algo más de dos millones de euros.
La obra del spa del Naranco, el primero de este tipo de equipamientos planteado por el equipo de gobierno local, se adjudicó en septiembre de 2006, pero los trabajos comenzaron dos años más tarde. Aunque el PP ha tratado de buscar nuevas posibilidades a este proyecto para reconducir la idea inicial, hasta ahora ha sido imposible el entendimiento entre las dos partes.
No es el único caso de rescisión de un contrato de construcción y gestión de un equipamiento que tiene entre manos el Ayuntamiento. El más grave afecta al Palacio de Congresos de Calatrava, en Buenavista, cuya empresa, Jovellanos XXI, ha entrado en liquidación. En defensa de los intereses municipales, el Consistorio inició un proceso de rescisión del contrato por incumplimientos graves del contrato, que en la actualidad está en la fase de resolución de las alegaciones presentadas por la empresa y por el Banco de Santander, que tiene una hipoteca sobre la concesión. El caso parece abocado a los tribunales.
El spa del Naranco
El contrato
La construcción del spa de Prados de la Fuente, en el Naranco, fue adjudicada en 2006, dentro de un plan para que empresas privadas acometieran inversiones en suelo público, a cambio de la gestión. En Ciudad Naranco el contrato preveía que además del suelo el municipio pusiera 3 millones de euros.
Retrasos
La obra tardó en comenzar dos años, y acumuló constantes retrasos y paralizaciones, tras el estallido de la crisis económica.
Pleito
El Ayuntamiento inició este año un proceso para rescindir el contrato, alegando que los incumplimientos eran responsabilidad de la empresa. Estimó los daños y perjuicios en una cantidad similar a la que había invertido la empresa y acordó la devolución de la parcela en su estado original. La empresa ha presentado un contencioso administrativo. El PP anuncia ahora que intentará negociar para evitar el derribo de la construcción ya levantada.
