El magistrado de los juzgados de instrucción número uno de Oviedo, Francisco Javier Rodríguez Luengos, acaba de rechazar el desalojo cautelar, precinto y clausura del edificio de la antigua Consejería de Sanidad en la calle de General Elorza, hoy convertido en el centro social autogestionado de "La Madreña", tal y como solicitaban los abogados de la propiedad, la empresa Sedes, entre otras medidas cautelares.

En un auto que no se limita a rechazar la medida solicitada y desciende al análisis de la situación del edificio, el juez razona que la ocupación del edificio es "adecuada" y que se utiliza con "fines sociales en beneficio de la comunidad". Tras destacar que la solicitud del desalojo llega dos años después del inicio del procedimiento y sin que la propiedad tenga ningún fin para el inmueble, el Rodríguez Luengos destaca que la ocupación de "La Madreña" se utiliza "para fines sociales en beneficio de la comunidad y de modo adecuado sin causar daño o desperfecto alguno e impide que otro lo haga, tal y como sucedería de encontrarse cerrado, en desuso o abandonado". "Es decir", concluye, "la situación actual no consta le cause perjuicio a la propiedad más allá del lógico interés que tiene en recuperar la posesión del inmueble del que es titular, pero simplemente ello no legitima la adopción (de esta medida)".

El colectivo que respalda la actividad de "La Madreña" envió un comunicado en el que califica de "éxito" el auto y considera que "la medida judicial viene a refrendar legalmente lo que ya es visto como algo normal y de sentido común para la inmensa mayoría de la opinión pública: que no tiene sentido desalojar un edificio ocupado cuando éste está prestando algún tipo de servicio a la comunidad".

El colectivo de "La Madreña" aprovechó para insistir en que "con la actual situación de crisis inmobiliaria" la alternativa al edificio no eran viviendas de lujo, sino que este espacio se convirtiera, abandonado, en "un solar desangelado e inhóspito como el del antiguo instituto de San Lázaro". El colectivo añadió que la ocupación ha contribuido a evitar la ruina del edificio, al asumir ellos tareas como el cuidado de sus jardines, canalones y otras obras de mantenimiento.

Por la ocupación de este edificio, una acción impulsada incialmente por el movimiento 15-M, que hizo pública la ocupación el 15 de noviembre de 2011, están imputadas en la actualidad cinco personas, por un supuesto delito de usurpación. Es dentro de este procedimiento judicial donde se produjo la solicitud de precinto y desalojo del edificio, ahora rechazada por el juez.

Durante más de dos años, "La Madreña", un colectivo que integra la acción social de diversas asociaciones organizadas de forma asamblearia, ha desarrollado en el inmueble una incesante actividad, con conferencias, conciertos, programas de cine, debates, o ciclos de teatro infantil.