El Gobierno regional descarta una gran inversión para acabar con la dispersión judicial en Oviedo, aunque está dispuesto a a buscar una solución en el año que queda de legislatura. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, admitió ayer en el Parlamento autonómico que asume el compromiso de acabar con un problema del que se vienen quejando tanto los profesionales de la justicia como las autoridades judiciales, que reclaman la agrupación de las distintas sedes repartidas por el casco urbano ovetense.

"No podemos acometer una inversión como la del Palacio de Justicia de Gijón. Seremos ambiciosos en los objetivos y austeros en el planteamiento", respondió el consejero de Presidencia a la diputada forista Marina Huerta, que planteó la agrupación de las oficinas judiciales en una interpelación sobre la situación de la justicia en Asturias que se debatió ayer en la Junta General del Principado. Guillermo Martínez añadió que mantiene conversaciones tanto con el Ayuntamiento de Oviedo como con las autoridades judiciales para tratar de buscar una solución que satisfaga a todas las partes antes de que concluya la actual legislatura, en la primavera de 2015. El actual Palacio de Justicia de Oviedo ha sido objeto de controversia desde su inauguración, ya que, aparte de tener un diseño interior irregular que no se adaptaba a las necesidades del servicio, era incapaz de dar respuesta a la dispersión de sedes judiciales por toda la ciudad. El proyecto de este edificio fue aprobado cuando la justicia era de gestión estatal, en el último mandato de Felipe González, pero las obras comenzaron con el Gobierno de José María Aznar: el acto de colocación de la primera piedra, en Llamaquique, estuvo presidido por Francisco Álvarez-Cascos, cuando era vicepresidente, en 1997.