La ausencia de Alfredo Carreño, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, permitió que el PP sacara adelante en el Pleno de ayer su informe con las conclusiones de la comisión de investigación del Calatrava y de paso evitó que se debatiera sobre la exigencia de la izquierda local de que el Alcalde expulsara del grupo popular al edil Jaime Reinares, condenado a un año de cárcel por hacer públicos medio centenar de correos de la Sindicatura de Cuentas. La balanza se decantó del lado de los conservadores gracias a la reaparición por sorpresa de la concejala popular Inmaculada González -lleva de baja médica desde comienzos de abril-, las vacaciones que Carreño está pasando en el extranjero y el voto de calidad del Alcalde.
De esta forma, los populares lograron salir airosos de un Pleno que se presentaba complicado debido a que se iban a tratar dos temas que afectan a la política urbanística que han llevado a cabo en las últimas décadas en la ciudad (la operación del Calatrava) y a su forma de resolver los asuntos internos del partido (la resistencia de Jaime Reinares a dejar su cargo tras ser despojado de todas sus competencias).
La mañana arrancó pronto para el PP. Poco antes del comienzo del Pleno, el grupo popular presentó una enmienda al informe final de la "comisión de investigación de los Palacios" que había aprobado por "error" el lunes y en el que se responsabilizaba del fracaso del Calatrava a dos de los suyos -Gabino de Lorenzo y Jaime Reinares- además de a los socialistas Vicente Álvarez Areces (expresidente del Principado), Jaime Rabanal (exconsejero de Economía), Paloma Sainz (exportavoz del grupo municipal) y al propio Alfredo Carreño. La corrección de los populares se centraba en borrar de un plumazo todo el capítulo de responsabilidades políticas, dejando a salvo tanto a los políticos del PP como del PSOE. Prácticamente el resto del informe, salvo alguna correcciones, se mantuvo como lo redactó IU.
Los populares (11 ediles) ganaron la votación gracias al apoyo de los dos concejales no adscritos, antes en las filas de Foro. Mientras, IU votó en contra del dictamen (3 ediles), en compañía del PSOE (cinco, debido a la ausencia de Carreño) y de Foro (cinco concejales). El empate a trece lo resolvió el Alcalde con su voto de calidad. De esta forma, los populares lograron dar carpetazo a la comisión de investigación del Calatrava con un informe "sin culpables".
Esto no contentó a la oposición. Para el PSOE, según explicó su edil Margarita Vega, el dictamen del PP "cierra en falso un proceso muy oscuro" y calificó el resultado de la comisión de investigación como "un gran fiasco" y "un paripé". Y sobre el texto final señaló que es "tan alambicado y frívolo que no lo apoya nadie". En este punto, Vega cargó contra IU, evidenciando de nuevo las diferencias que existen entre las dos grandes fuerzas de la izquierda de la ciudad desde que la coalición decidió pactar con el PP el presupuesto de este año. "Una vez más, IU ha sido la muleta de la derecha. Todo esto pone de manifiesto el buen rollito que tienen con el PP", espetó Vega a Roberto Sánchez Ramos, "Rivi", portavoz de la coalición y presidente de la comisión.
El líder de IU reconoció que es un "error" sacar adelante las conclusiones sin reflejar en él las responsabilidades políticas porque "se sufrirá una tremenda amnesia y nadie se acordará de lo que se hizo". Sánchez Ramos aseguró que el dictamen aprobado por el PP "está capado políticamente. Es un informe asexuado". El presidente de la comisión puso el acento sobre las responsabilidades políticas en el papel jugado por el Principado en la denominada "operación de los Palacios, que engloba la construcción del Calatrava y el desarrollo urbanístico de la parcela del Vasco, por su compra, a través de la constructora Sedes, de las alas del edificio diseñado por el arquitecto valenciano. "Sin los 58 millones de euros que pagó Sedes, la operación no hubiera salido adelante", aseguró. Sánchez Ramos añadió a su argumentario la "fallida" construcción del Palacio de Justicia en la parcela del Vasco que a su juicio iba a entregar a Jovellanos XXI, la empresa que promovió la construcción del Palacio de Congresos en el solar de Buenavista, ocupado anteriormente por el antiguo Tartiere.
