El Ayuntamiento ha decidido "congelar" temporalmente la licencia que concedió a la constructora Sedes para que la empresa pueda derribar la antigua Consejería de Sanidad, situada en el número 32 de General Elorza y que hasta junio estuvo ocupada por varios colectivos sociales. Los activistas bautizaron al inmueble como "La Madreña". La concejalía de Urbanismo ha decidido suspender la licencia hasta que los técnicos municipales estudien el recurso de reposición presentado ayer por el grupo municipal de Izquierda Unida (IU) con el objetivo de paralizar el derribo del inmueble.

Según un informe de Urbanismo, se ha optado por suspender la licencia ya que su ejecución -la demolición de "La Madreña"- podría causar "perjuicios de imposible o difícil reparación". En el escrito de los técnicos municipales también se recoge jurisprudencia con la que avalar su decisión, como que la supresión no se llevaría a cabo si la demolición de la antigua Consejería de Sanidad respondiera a una medida de "interés público". En este caso el único objeto de la licencia es convertir en escombro el edificio, ya que, según recoge el informe, Sedes no tiene "la voluntad" de ejecutar el proyecto que tenía previsto inicialmente: la construcción de viviendas. Además, el informe elaborado por el área de Urbanismo señala que "debe valorarse si la ejecución limitaría la efectividad de una eventual resolución favorable del recurso".

Un día antes, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, presentaba ante los medios el recurso de IU contra la licencia de derribo del edificio de la antigua Consejería de Sanidad del Principado. "La resolución que afirma la demolición del edificio de 'La Madreña' contradice al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", en el que se recoge que "para llevar a cabo el derribo de un edificio debe existir un proyecto de construcción para reutilizar los terrenos", defendió Sánchez Ramos como principal argumento. Además de este recurso, IU logró hace unas semanas que la Comisión de Urbanismo aprobase por unanimidad remitir una carta a la empresa Sedes trasladando su postura contraria al derribo del polémico inmueble.

En la licencia de derribo presentada en el año 2011, Sedes especificaba que proyectaba la construcción de 77 viviendas, locales comerciales, garajes y trasteros en esta parcela. Cuando el edificio aún permanecía ocupada, la empresa Sedes indicó a este periódico que su intención era "vender" el solar, sin dar más detalles. Precisamente, la ausencia de un proyecto claro para el número 32 de General Elorza fue uno de los argumentos que utilizó un juez de primera instancia para denegar el desalojo del edificio, que a su juicio estaba cumpliendo una función social. Sin embargo, la empresa Sedes recurrió esta decisión y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ordenó el desalojo del edificio.

Al margen de este episodio, aún queda pendiente de resolverse por vía judicial el proceso penal iniciado contra varios de los activistas que fueron identificados en el transcurso de una investigación policial. Están acusados de un delito de usurpación indebida.