El cerco judicial acecha al poder local en Asturias. Once de los alcaldes que iniciaron el actual mandato 2011-2015 han estado o permanecen imputados en causas judiciales relacionadas con su gestión política. Los municipios con regidores imputados en los últimos años, algunos de ellos ya juzgados, son Cabrales, Ponga, Cudillero, Pravia, Avilés, Grandas de Salime, Soto del Barco, Sobrescobio, Carreño, Somiedo y Aller. El máximo dirigente de Soto del Barco, Jaime Menéndez, ha sido el último en prestar declaración ante el juez de una larga lista que aún es mayor si se añade a los exmandatiarios que todavía tienen pendientes algún tipo de denuncia o a concejales que ya han sido condenados, como es el caso del primer teniente de alcalde de Oviedo, Jaime Reinares, o con causas aún pendientes.
La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, anunciaba el pasado lunes su renuncia a repetir como candidata del PSOE en las elecciones municipales de la próxima primavera al mismo tiempo que aseguraba que dicha decisión no estaba ligada a su imputación en el caso Niemeyer. Pilar Varela declaró en calidad de imputada ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Avilés, en mayo pasado, en la investigación judicial por las presuntas irregularidades cometidas en el pago de facturas en la inauguración de la cúpula del Centro Niemeyer y que, en opinión del juez instructor, pueden ser constitutivas de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación. Varela confía en que le levanten la imputación.
Francisco González dejó la alcaldía de Cudillero al inicio de esta legislatura, en la que fue elegido diputado autonómico en la lista socialista, pero dimitió en la Junta General después de que el juez le abriese juicio oral por un delito de exacciones ilegales. En junio fue condenado a cuatro años de suspensión de empleo o cargo público, que ya no tenía, y al pago de una multa de 14.400 euros, al ser considerado culpable de cobrar a cuatro chiringuitos la seguridad nocturna prestada por policías locales en los veranos de 2003 a 2008.
Otro de los alcaldes más veteranos de la región, José Antonio Pérez Prieto, de Foro, renunció en diciembre de 2012 al frente del ayuntamiento de Cabrales después de que el Tribunal Supremo le condenase por prevaricación a siete años de inhabilitación por simular una falsa liberación del concejal Juan Ángel Bustillo, del PP, también condenado, durante tres años sin que hubiera pasado nunca por el pleno municipal.
Cándido Vega, de Foro, también se vio forzado a dimitir como alcalde de Ponga en mayo del año pasado tras ser condenado por la Audiencia Provincial a un año y medio de prisión, siete años de inhabilitación especial para cargo público y el pago de una multa de 2.400 euros y una indemnización de 37.185 euros al Principado, por los delitos de prevaricación, desobediencia y contra los recursos naturales y el medio ambiente por ordenar la construcción de varias pistas, sin permiso regional, en el interior del parque natural de Ponga. El alcalde de Pravia, el socialista Antonio de Luis Solar, ha sido imputado en dos ocasiones en este mandato: la primera por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al avalar, sin conocimiento de la Corporación ni de la Intervención municipal, a una empresa para la compra de catorce parquímetros con los que pensaba presentarse al concurso de gestión de la zona azul en la villa; la segunda por un supuesto delito de malversación de caudales públicos por autorizar el pago a una empresa de vigilancia de tres mensualidades posteriores a la rescisión del contrato.
Otra de las causas que está viva en la vía judicial es la imputación del alcalde socialista de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, por un supuesto delito de uso ilícito de fondos públicos para la promoción de la patata local, que se remonta al año 2009. En una situación similar se encuentra el alcalde de Carreño, el socialista Ángel Riego, que ha sido citado a declarar en calidad de imputado por un juzgado de Gijón por supuestos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de orquestas de las fiestas entre 2007 y 2011. El actual alcalde de Aller, David Moreno, y su antecesor, el también socialista Gabriel Pérez Villalta, están a la espera de ser citados a declarar después de que la fiscalía del Principado haya presentado ante el Juzgado de Instrucción de Pola de Lena la querella contra ambos por un supuesto delito de prevaricación continuada en la concesión de subvenciones a la asociación deportiva que gestionaba las actividades en el polideportivo de Moreda entre 1997 y 2014. El regidor de Soto del Barco, Jaime Menéndez, acaba de declarar como imputado ante el juez por un presunto delito de prevaricación en la contratación de dos peones y otro de contratación ilegal en el nombramiento de cinco agentes de la Policía Local.
También han estado imputados los alcaldes de Somiedo, Belarmino Fernández, y de Sobrescobio, Marcelino Martínez, ambos del PSOE, pero tras las investigaciones los jueces acordaron el archivo de las denuncias. Uno de los pocos casos juzgados es el del teniente de alcalde de Oviedo, Jaime Reinares, condenado a un año por revelar correos de la ex secretaria de la Sindicatura, Rosa Zapico.
