"Estábamos estudiando". Los cinco nuevo imputados por un delito de usurpación de las antiguas consejerías de General Elorza -sede hasta mayo y durante dos años del centro social autogestionado "La Madreña"- declararon ayer ante el juez instructor del caso, Francisco Javier Rodríguez Luengos, que utilizaban las instalaciones como lugar de estudio y que en esas estaban cuando entró la Policía a desalojar el edificio.
El mismo juez que rechazó en primera instancia el desalojo al entender que "La Madreña" cumplía un fin social -decisión que fue tumbada por la Audiencia- tomó declaración a los jóvenes -cuatro estudiantes y un médico residente- a primera hora de ayer. Han resultado imputados a petición de la Fiscalía del Principado y a partir del atestado realizado por la Policía Nacional tras el desalojo del inmueble. Ana Taboada, representante legal de varios de los imputados, solicitó al juez que retire la imputación, al entender que los hechos juzgados no son constitutivos de delito alguno. Además, los jóvenes explicaron al juez que no ofrecieron resistencia alguna para abandonar el edificio. "Una vez que oyeron que había llegado la Policía explicaron donde estaban y salieron del edificio de forma pacífica y sin oponer resistencia alguna", explicó la abogada.
Con la imputación de estos cinco jóvenes asciende a diez el número de personas imputadas en la causa por un delito de usurpación por la ocupación del número 32 de Elorza, propiedad de la empresa Sedes, con participación pública. La empresa envió a sus abogados a la declaración de los cinco imputados, que se negaron a responder las preguntas de la acusación particular.
