La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado una investigación, a petición de IU, sobre la instalación y ubicación de las cámaras de videovigilancia de Ribera de Arriba -colocadas en el Ayuntamiento, el Centro del Hórreo y el centro cultural Soto del Rey-, para determinar si el municipio ha cometido una infracción grave por una incorrecta orientación de las cámaras.