La pugna judicial por el justiprecio de "Villa Magdalena" se alargará hasta dos años más después de que la constructora Comamsa haya presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). La empresa está disconforme con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en la que se reduce el precio establecido por el Jurado de Expropiación del Principado -22,5 millones- en 1,2 millones. De esta forma, el Ayuntamiento de Oviedo debería afrontar un pago de 21,3 millones, de los que ya ha pagado 18 millones, por zanjar la expropiación del palacete y la finca de la avenida de Galicia y dar carpetazo a un asunto que hunde sus raíces en el año 1997.

Pero diecisiete años después la polémica operación, que ha pasado más tiempo en los juzgados que cualquier otra que se recuerde en el Consistorio ovetense, se resiste a morir. Comamsa, cuyos portavoces prefieren guardar silencio, no tira la toalla y ha optado por seguir reclamando un precio mayor por "Villa Magdalena". La empresa defiende que el precio del palacete y su finca, que el Ayuntamiento ha habilitado como centro social, alcanza los 62,8 millones de euros. La hoja de ruta que debe seguir ahora el recurso de Comamsa, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, es clara. La representación legal de la constructora ha remitido un escrito, denominado de preparación, a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias justificando por qué se recurre y los motivos por los que se llama a la puerta del Supremo. Si el TSJA ve fundamentos para hacerlo, rebotará el expediente del caso a la Sala Tercera del Supremo. Allí se designará el asunto a una de las secciones que componen la Sala y se elegirá a un ponente.

El siguiente paso será saber si el Supremo acepta o no el recurso de casación. De no hacerlo, a Comamsa le queda una penúltima bala: presentar lo que se denomina en argot judicial una queja ante la sala especial del Supremo. Si la respuesta del tribunal favorece a Comamsa, la constructora debería demostrar que se ha vulnerado algún precepto de la legislación nacional o europea.

El tiempo medio que el alto tribunal se toma para estudiar este tipo de casos se sitúa ahora, según fuentes jurídicas, entre año y medio y dos años. La caída de la litigiosidad motivada fundamentalmente por la crisis económica y las tasas ha reducido los tiempos del Supremo, que llegaron a ser de tres años. En un principio, las opciones de Comamsa de seguir pleiteando se agotarían en el Supremo. Aunque cabría un nuevo recurso ante el Tribunal de Estrasburgo. Pero en este caso siempre que se pudiera demostrar que se ha vulnerado algún derecho fundamental de Comamsa (tutela judicial efectiva, indefensión...).

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que "es muy escaso" el porcentaje de recursos de casación que el Supremo acepta a lo largo del año. Por este motivo las mismas fuentes sospechan que la intención de Comamsa de segur pleiteando contra el Ayuntamiento por "Villa Magdalena" se quedará en nada, siempre y cuando el Supremo no diga lo contrario, y el asunto del palacete desaparecería de la agenda municipal.