Gabino de Lorenzo, exalcalde de Oviedo y actual delegado del Gobierno en Asturias, salió ayer en defensa del edil Jaime Reinares, el que fuera su mano derecha durante su etapa en el Consistorio y que ha sido condenado a un año de cárcel por revelación de secretos al hacer públicos un serie de correos electrónicos de una antigua alta funcionaria de la Sindicatura de Cuentas. De Lorenzo afirmó que lamenta "muchísimo esta situación" y añadió que " no se la merece el pobre hombre".

Reinares, despojado de todas sus atribuciones, se resiste a dejar el Ayuntamiento, ya que considera que su condena, recurrida ante la Audiencia, no es firme. Algo que avala De Lorenzo. "Una condena no es firme hasta que no se resuelva el recurso. El día que se resuelva, el señor Reinares actuará en consecuencia. No es la primera vez que una persona o empresa es condenada y luego su recurso es estimado", señaló el exregidor ovetense.

Precisamente, el PSOE realizó ayer una pregunta al alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, sobre si cumplirá la moción aprobada con el voto de todos los grupos de la oposición en la que se exige al mandatario que expulse del Grupo Popular a Reinares. Caunedo se limitó a explicar que lo que se decide en un Pleno "no puede condicionar la vida interna de un partido político" y que el PP tiene unos estatutos "a los que debo atenerme".

De vuelta a De Lorenzo, el exalcalde, al que el PSOE ha incluido en la querella presentada ante la Fiscalía por la operación del Calatrava, aseguró que no es "una persona antisistema". "Soy prosistema. La justicia es uno de los pilares en los que se sostiene un Estado de derecho, lo único que tengo que hacer con ella es lo que llevo haciendo los casi 30 años que llevo dedicado a la política, que es colaborar y respetar su trabajo y decisión. No someterla a presiones de ningún tipo. Que sea la justicia la que resuelva", declaró.

Mientras, el Pleno dio luz verde para solicitar al Principado la cesión de las viejas escuelas de San Claudio para instalar una guardería pública para niños de hasta 3 años u otro equipamiento "de carácter social". También aprobó la propuesta de IU para poner en marcha un bono social de autobús para los desempleados del municipio y estudiar introducir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos de los servicios externalizados. Además, Caunedo aseguró que ha mantenido contactos con Santa Bárbara Sistemas y el Ministerio de Defensa para intentar lograr la readmisión de los 55 trabajadores despedidos de la Fábrica de Armas y anunció una reunión con los vecinos de la zona rural para solucionar sus quejas sobre el servicio de autobuses tras la reestructuración de las líneas.