El Ayuntamiento de Oviedo defiende, en contra de lo que sostiene un informe del Ministerio de Hacienda, que los servicios públicos que presta a los ciudadanos son más baratos que los de Gijón. El estudio, publicado el pasado martes cifra en 99,1 millones de euros el coste de los servicios prestados por la administración local ovetense en el año 2013, frente a los 73,5 millones que sumó Gijón. Fuentes municipales señalaron ayer a este periódico que "probablemente" la deuda de Cinturón Verde haya "alterado" los datos del ejercicio que analiza el Ministerio de Hacienda, puesto que "incluye inversiones y gastos" y en 2013 las arcas municipales tuvieron que soportar un cargo de más de 33 millones de euros por la deuda de Cinturón Verde.

A falta de analizar pormenorizadamente el estudio -los técnicos municipales ya trabajan en ello, según explicaron ayer desde el Ayuntamiento- las mismas fuentes consultadas sostienen que, al restar a los 99,1 millones que calcula Hacienda los 33 millones de Cinturón Verde, el coste de los servicios se reduciría a 66 millones de euros, una cifra "más acorde" al gasto medio anual que destina el Ayuntamiento a la prestación de los servicios públicos.

La deuda de Cinturón Verde consumió el 70 por ciento de la inversión local en 2013. El presupuesto municipal elaborado para ese año asumía por primera vez en las cuentas locales el pago la deuda de Cinturón Verde, la fallida sociedad que ha dejado más de 3.000 plazas de aparcamiento sin vender en la ciudad.

El estudio realizado por el Ministerio de Hacienda se corresponde con el inicio de la publicación de una serie de datos económicos en cumplimiento al nuevo artículo 116 de la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, reformado por la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Excepcionalmente, para este año 2014 la información se publica referida a las áreas de gasto por programas y no por servicios concretos, según las liquidaciones de presupuestos de 2013 facilitadas por las entidades locales. A partir del año que viene será diferente porque cada Ayuntamiento deberá comunicar el coste de los servicios públicos que preste, directamente o mediante organismos dependientes, vinculados o a través de determinadas formas de gestión indirecta.