Los vecinos de Trubia volvieron a demostrar ayer que están del lado de los despedidos de la Fábrica de Armas con la lectura de un comunicado en el que no dejan títere con cabeza. La asociación vecinal de la localidad, a través de su presidente, Toño Huerta, tomó parte en el acto reivindicativo organizado en el casino -en solidaridad con los 55 trabajadores afectados por el recorte- para criticar con dureza la "actitud vergonzosa" de algunos políticos a lo largo del proceso que ha llevado a los despidos. "El presidente del Principado de Asturias, en lo que a Trubia se refiere, ni estuvo, ni está, ni se le espera; las hemerotecas pueden hablar por nosotros", espetó Huerta durante su discurso. Pero hubo para todos: "Lo mismo podríamos decir del Ayuntamiento de Oviedo y su equipo de gobierno, con el alcalde Caunedo al frente; buenas palabras pero pocos actos y ningún apoyo real", recalcó.
"Como vecinos de Trubia, no debemos pleitesía a ningún partido ni institución, y deseamos ser críticos y claros, pues esta situación nos afecta directamente. Por eso, tampoco llegamos a entender la actitud de los sindicatos y de muchos de los trabajadores cuando comenzó este despropósito hace ya dos años", continuó el representante vecinal. Y añadió: "Queremos lanzar una pregunta a los sindicatos, ¿por qué ahora se anuncian esas movilizaciones de apoyo a los despedidos? Movilizaciones que, por otro lado, son muy tímidas. ¿Por qué no se estuvo con los despedidos desde la primera manifestación?". Toño Huerta tampoco se olvidó del consejero de Industria Graciano Torre, cuya postura es "demasiado tibia"; del Ministerio de Defensa, que ha dejado la fábrica "en manos de especuladores", ni del Ministerio de Industria, "que está al servicio del capital".
En el acto de ayer también participó Antonio Masip, exeurodiputado y exalcalde de Oviedo. Comenzó su discurso elevando ante un patio de butacas repleto dos cartulinas que formaban el número 55, en referencia a los despedidos de la fábrica. "Detrás de este número hay muchas familias y muchas vidas. También deberían estar el Ayuntamiento, el Gobierno central y, por supuesto, el Principado", solicitó Masip desde la tarima de forma airada. El expolítico resaltó que el problema de los despedidos de la Fábrica de Armas "fue la última reivindicación que hice en el Parlamento Europeo" y les recordó a los políticos en activo que "estar con los 55 es estar de verdad con la ciudadanía". También hizo una referencia histórica para destacar la importancia de la factoría trubieca: "Entre las cuatro y las seis de la tarde del 19 de julio de 1936, el coronel de Artillería José Franco Mussió estaba al mando de la fábrica de Trubia y recibió la orden de volarla por los aires. Afortunadamente no lo hizo y la factoría estuvo durante muchos años siendo uno de los motores industriales de la región y de muchas familias. No se puede permitir que la dinamiten ahora los responsables de Santa Bárbara Sistemas", dijo.
Otro de los que habló ayer en Trubia fue Gregorio Martín, el presidente de la plataforma de los 55 despedidos. Habló largo y tendido sobre el proceso judicial que está en marcha y que vivirá una jornada clave el próximo miércoles, el día que el Tribunal Supremo dictamine si el ERE que afecta a los despedidos se ajusta o no a la legalidad. Los trabajadores aseguran que han presentado pruebas para demostrar que las pérdidas que presentó la empresa para justificar los recortes no son reales y confían en la justicia. "Santa Bárbara Sistemas presentó unas pérdidas de 69 millones de euros, pero cuando fuimos al Registro Mercantil pudimos comprobar que esas pérdidas eran sólo de 11.000 euros, y eso habiendo valorado en cero toda la maquinaria de La Vega, que son unos 20 millones de euros", explicó. Gregorio Martín también incidió en que la plantilla de la empresa se redujo en un 57 por ciento en sólo un año y señaló que Santa Bárbara "ya sabia dos años antes de echarnos que tenía el contrato de los SV", señaló en referencia a la participación de la empresa en la construcción de 589 blindados para el transporte de tropas por encargo del ejército inglés, un contrato de 4.400 millones de euros en siete años. En el acto estuvieron políticos de los diferentes grupos municipales y algunos regionales, como los candidatos a las primarias de IU, Gaspar Llamazares y Manuel González Orviz, o Cristina Coto (Foro). Los vecinos echaron en falta al diputado socialista Antonio Trevín, "que había confirmado su asistencia".
