Un grupo ciudadano, encabezado por imputados por la ocupación de "La Madreña", se ha personado como acusación popular en el proceso judicial iniciado por los trabajadores de la empresa pública Sedes por la operación de los palacios de Calatrava. La acusación, presentada ayer, se ha realizado a nombre de Ecologistas en Acción y le ha dado forma la abogada Ana Taboada, que también se encarga de la defensa de algunos de los imputados. "Desde hoy, los delitos de corrupción no prescriben", advirtió la abogada, integrante del consejo ciudadano de Podemos en Oviedo. La denuncia ha sido admitida a trámite y se encuentra en fase de instrucción.
"En este proceso hay muchos ítems, y animamos a que se investiguen todos. Esto es una persecución y hemos dicho que ya está bien; nosotros también vamos a los Juzgados", explicó David Acera, uno de los imputados por ocupar el antiguo edificio de Sedes en Elorza, que funcionó como el centro social "La Madreña".
La acusación popular va contra la empresa Sedes y contra el Principado. Aprecian, en principio, un posible delito de la administración fraudulenta de bienes societarios (atribuible a Sedes) y un delito de prevaricación y fraude, del que debería responder el Principado. Así, la acusación popular ya ha solicitado que declaren en el proceso los consejeros de Sedes y funcionarios del Principado.
Aunque el nombre de Podemos no salió ayer a relucir, la presentación de la acusación popular estuvo arropada por la presencia de caras visibles de la formación, como el secretario de Podemos en Oviedo, Rubén Rosón (imputado de "La Madreña"), y Daniel Ripa, líder de la corriente Somos.
