Los empleados despedidos de los distintos centros de trabajo de Santa Bárbara Sistemas -entre ellos, los 55 afectados en la Fábrica de Armas de Trubia- recibieron ayer una noticia que podría resultar clave en su lucha por ser readmitidos. El Tribunal Supremo ha decidido anular la sentencia de la Audiencia Nacional en la que la Sala declaraba ajustada a derecho la drástica decisión adoptada por la empresa y ha ordenado reponer las actuaciones para que se dicte una nueva resolución "en la que se tomen en consideración las alegaciones y las pruebas" aportadas en su día por los trabajadores y por algunos sindicatos, una documentación que ni siquiera fue tenida en cuenta por la Audiencia al considerar que dichos colectivos no estaban legitimados para presentarla. Los trabajadores asturianos aseguran que esas pruebas demuestran entre otras cosas que las pérdidas declaradas por Santa Bárbara para justificar el expediente de regulación de empleo (ERE) -cifradas en 69 millones de euros- son en realidad de 11.000 euros.
Para analizar la decisión del Tribunal Supremo hay que retroceder al principio del conflicto. El despido colectivo ejecutado por la empresa el 14 de febrero del año 2013 afectó a un total de 593 trabajadores de todos los centros de la empresa en España, aunque 495 de esas bajas fueron de adscripción voluntaria. Al final hubo despidos forzosos en Asturias (55), La Coruña (61), Madrid (18) y Sevilla (9). Los primeros en movilizarse judicialmente fueron el comité de empresa del centro de La Coruña y los sindicatos CIG y CGT. El primero de estos dos sindicatos, según el escrito del Supremo, "solicitó en su demanda el emplazamiento como interesados de los sindicatos UGT, CC OO y CSIF", pero la Audiencia Nacional argumentó en su sentencia que dichas centrales "son sólo interesados, pero no tienen la condición de parte al no haber formulado la petición de condena".
Los representantes de los 55 despedidos de Trubia aseguran además que fue la propia empresa la que llamó a declarar como testigos a los responsables sindicales "para tratar de que quedasen como cosas juzgadas las causas económicas y productivas que alegaron para justificar el ERE en base a unas pérdidas irreales de 69 millones de euros". En definitiva, que fue Santa Bárbara Sistemas "la que convirtió a los citados sindicatos en parte del proceso". Fue entonces cuando se envió un recurso de casación al Supremo, que ahora estima "que los sindicatos personados como demandados tenían la condición de interesados y la legitimación para ser parte en el proceso y por tanto, igualmente, para interponer el presente recurso de casación ante el Tribunal Supremo". Por ello, "sin entrar en el resto de las cuestiones suscitadas en los recursos, estimando los presentados por UGT, CC OO y CGT, que asimismo sostienen en su recurso la legitimación de estos dos últimos, se anula la sentencia de la Audiencia Nacional".
Los despedidos de la factoría de Trubia recibieron ayer la noticia con moderada prudencia, aunque confían en la justicia. "Si se revisa la documentación que se ha aportado lo tienen todo en su contra. Hasta ahora íbamos perdiendo por uno a cero, pero ahora hemos empatado y tenemos el balón en nuestro poder", asegura Gregorio Martín, uno de los asturianos afectados por los despidos. Y es que, según los trabajadores, los números presentados por la empresa "no tienen ni pies ni cabeza". Según recalcan, "las pérdidas no eran de 69 millones, eran de 11.000 euros. Y eso después de haber valorado a cero euros la maquinaria de la fábrica que se cerró en La Vega, que tiene un valor que ronda los 20 millones de euros". De hecho, siempre según la versión de los representantes de los 55 despedidos de Trubia, "volvieron a presentar las cuentas en el Registro a toro pasado después del juicio -que se celebró el 8 de julio del 2013- y se puede comprobar que las cosas son como nosotros decimos". Los afectados por el ERE inciden en que la empresa redujo la plantilla en un 57 por ciento en sólo un año sin justificación y señalan que Santa Bárbara "ya sabía dos años antes de echarnos que tenía el contrato de los SV", en referencia a la participación de la empresa en la construcción de 589 blindados para el transporte de tropas por encargo del ejército inglés, un contrato de 4.400 millones de euros en siete años.
Desde la dirección de Santa Bárbara Sistemas se evitó hacer una valoración muy exhaustiva de la sentencia del Supremo ya que los servicios jurídicos de la compañía "están analizando el alcance de la decisión". A pesar de ello, fuentes de la empresa destacaron "el mayor respecto a la decisión de los jueces" y realizaron "un importante llamamiento a la responsabilidad y cautela en estos momentos". Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que estuvo ayer en Oviedo, también hizo referencia a los ERE surgidos a raíz de la reforma laboral antes de que se conociese el fallo de Santa Bárbara. "Hay varios pronunciamientos del Supremo que están confirmando ERE y otros que no, la proporción es casi de un 50 por ciento", dijo. Las reacciones políticas tampoco se hicieron esperar. El portavoz de IU en Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, asegura que la decisión del Supremo debe derivar en la solución de un problema que calificó de "terrorismo laboral".
