La Sala de lo social del Tribunal Supremo hizo público este miércoles el texto completo de la sentencia en la que señala que la Audiencia Nacional debe dictar una nueva resolución sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en Santa Bárbara, teniendo en cuenta "las alegaciones y pruebas ya articuladas y practicadas por CCOO y UGT" durante el juicio, una sentencia completa que denota que no hará falta celebrar un nuevo juicio.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo anuló en enero la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el conflicto laboral en Santa Bárbara, en la que se daba la razón a la empresa en el ERE, y ha ordenado dictar una nueva sentencia "teniendo en cuenta "las alegaciones y pruebas ya articuladas y practicadas por CCOO y UGT" durante el juicio pero que no fueron consideradas al ser excluidos del proceso.
La sentencia del Supremo señala que estas "alegaciones y pruebas" fueron presentadas por CCOO y UGT "sin protesta alguna al respecto", lo que parece indicar que "no hace falta celebrar un nuevo juicio". Apunta que la mayoría de las "alegaciones y pruebas" son similares a las presentadas por las otras representaciones sindicales que fueron estimadas por la Audiencia Nacional. La sentencia del Tribunal Supremo fue tomada el 21 de enero.
En un comunicado, el pleno de la Sala señala que ha estimado los recursos de UGT, CCOO y de CGT y respalda su legitimización en el proceso, por lo que anula la sentencia de la Audiencia, "que rechazó tal legitimación y dejó imprejuzgadas sus alegaciones y pretensiones" y manda dictar un nuevo procedimiento.
REACCIÓN DE LA EMPRESA
Fuentes de la empresa han expresado a Europa Press que la dirección de Santa Bárbara Sistemas, como se ha señalado en otras ocasiones, "respeta la decisión de los tribunales y espera una pronta resolución de este asunto".
La compañía asegura que sigue centrada en "consolidarse como empresa líder en el sector de la defensa, tanto en competitividad como en productos, sostenible en el tiempo".
Santa Bárbara Sistemas inició en febrero de 2013 un procedimiento de despido colectivo en sus centros de trabajo de Coruña, Granada, Trubia (Oviedo), Sevilla y Madrid, celebrando período de consultas con el Comité de Empresa intercentros sin que se llegara a un acuerdo. Al final de ese periodo --recuerda el Supremo-- la empresa comunicó que iba a proceder a 600 extinciones en sus distintos centros, que según hechos probados se tradujo finalmente en 593 despidos, de los cuales 495 de adscripción voluntaria.
