Balones fuera, silencio y duras críticas. Así pueden resumirse las distintas reacciones que ha suscitado entre los partidos políticos el informe realizado por el grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Jefatura Superior de Asturias de la Policía Nacional sobre la compra por parte de la empresa pública Sedes de las alas del Calatrava, que luego la empresa permutó por solares con el Principado. Entre otras cosas, el informe tacha de "irregular e ilógica" la operación y asegura que el Principado, en aquel tiempo gobernado por el socialista Vicente Álvarez Areces, acabó pagando "un precio excesivo" por los locales, que ahora son la sede de varias Consejerías. El informe forma parte de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo a raíz de una denuncia de los trabajadores de Sedes. Paralelamente a esta investigación, hay otra instrucción abierta por el Juzgado número 3 por todo el proyecto.
El PSOE eludió entrar a valorar el informe de la compra de las oficinas, que tuvo un coste para Sedes de 59,4 millones, y vinculó la operación a todas las decisiones emanadas desde el Ayuntamiento de Oviedo desde que arrancó la polémica obra, cuando el alcalde era Gabino de Lorenzo (PP), haciendo ahora extensible las responsabilidades al actual regidor, Agustín Iglesias Caunedo. El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, se limitó a comentar ayer que "estamos hablando de algo que pasó hace bastantes años, pero, oiga, habrá que situarlo y ubicarlo en la gestión municipal, evidentemente". Fernández destacó cómo fue el grupo municipal en el Ayuntamiento ovetense quien más beligerancia tuvo a lo largo de los años contra la operación del Calatrava y quien, a su juicio, hizo arrancar las investigaciones. "Quien impulsó esta investigación y este planteamiento en el seno del Ayuntamiento de Oviedo fue fundamentalmente el PSOE", aseveró el también candidato a la Presidencia del Principado.
Por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía ovetense, Wenceslao López, señaló que "se está tratando de tapar y despistar de lo que realmente es el núcleo del problema: que la operación se gestó en el Ayuntamiento". Y abundó que "dentro de la gestión municipal de este asunto sí que hay irregularidades". López advirtió de que "Caunedo estuvo vinculado a este asunto prácticamente desde el principio" ya que dio el visto bueno como concejal de Economía a muchas de las decisiones que se tomaron respecto a la obra del Calatrava.
Eso sí, López reconoció que "en la gestión de fondos públicos, sea al nivel que sea, hay que ser muy estrictos, fiscalizar e investigar cualquier sospecha de irregularidad que exista. Y esto hay que aplicarlo independientemente de las siglas". En candidato socialista señaló que "una irregularidad lo es al margen de quien la ejecuta". Mientras, desde el equipo de gobierno municipal que lidera Agustín Iglesias Caunedo se prefirió guardar silencio sobre el asunto. No así el resto de la oposición. Roberto Sánchez Ramos, "Rivi", candidato de IU, subrayó cómo en el informe "la Policía detalla punto por punto como la operación descapitalizó a Sedes y como estuvo a punto de dejar en la calle a mucha gente". Y abundó: "Es el relato de una operación oscura y en la que se puede intuir la comisión de varios delitos". El también edil señaló que "el Ayuntamiento debe emitir una opinión jurídica y personarse en la causa como perjudicado".
Por su parte, Carolina Morilla, candidata de Foro a la Alcaldía, aseguró que "Caunedo no va a poder eludir su responsabilidad" ya que "cuanto más se escarba en lo sucedido con el Calatrava peor huele". Y prosiguió asegurando que su partido "siempre mantuvo que las responsabilidades políticas se repartían entre el PP del Ayuntamiento y el PSOE del Principado, algo que se corresponde ahora con el informe policial".
