"Qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche..." Quizá el artista Raphael vaya estos días de un lado a otro repitiendo sin parar este estribillo de una de sus canciones más famosas a cuenta del lío de los conciertos de las fiestas de San Mateo, donde tenía pensado actuar, igual que otra decena de artistas, pero aún no saben si podrán hacerlo o no. Una investigación de los servicios de Intervención del Ayuntamiento trata de confirmar si realmente hay "un escándalo" -la lírica del de Linares es dilatada- en los contratos de los servicios de producción y coordinación de los conciertos, como sospecha el nuevo concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos (IU), o, por el contrario, todo está en orden.
El problema de los conciertos de San Mateo en el recinto festivo de La Ería hay que entenderlo, sobre todo, en clave política. Cuando estaban en la oposición, el PSOE e IU fueron un azote constante contra el equipo de gobierno del PP por su decisión, tomada hace ya un par de años, de trasladar los conciertos de San Mateo a una carpa montada "ad hoc" en La Ería cobrando entrada. Mientras el PP aducía motivos de seguridad por los problemas de aforo y evacuación de la Catedral, los grupos de la oposición (que ahora son gobierno) acusaban al PP de Agustín Iglesias Caunedo de "privatizar" las fiestas de San Mateo para favorecer a empresas amigas. Una de ellas ha estado siempre en el punto de mira de los críticos con este modelo festivo, y vuelve a estarlo ahora. Porque lo que el Ayuntamiento ha ordenado que se investigue es "el tomate de Santo Grial", en palabras de uno de los concejales del tripartito.
Ese "tomate" es el contrato municipal, a través de la Sociedad Ovetense de Festejos, de los servicios de producción y coordinación general del recinto festivo para conciertos en La Ería. O lo que es lo mismo, todo el montaje de la carpa, que lleva aparejada la gestión de los bares, la impresión y venta de entradas, el control de los accesos, el pago a la Sociedad General de Autores y un largo etcétera. Y aunque los contratos artísticos con las productoras -Santo Grial también se encarga de gestionar el concierto "Iggy Pop" y "Los Suaves"- estén en orden, si se cae el de producción, los conciertos de La Ería, tal y como están previstos, serían, a todas luces, inviables.
Lo que le chirría de ese contrato al nuevo concejal de Festejos y presidente de la SOF son dos aspectos concretos: la explotación de los servicios de bares y el control de las entradas. El contrato fue adjudicado por 98.505 euros, debiendo abonar el contratista 13.010 euros por la explotación de los bares y las zonas de comida. Sánchez Ramos argumenta que, si bien en el pliego de condiciones esto se presenta como una obligación "da la sensación de que el contrato incluye el pago de un precio incierto, al albur de la caja que finalmente se hace en cada jornada, algo que no es posible en los contratos públicos". La otra pega que pone el presidente de la SOF a este contrato está en el apartado de "Impresión, gestión de venta de entradas y control de accesos". En este punto, para Sánchez Ramos el problema está en que ningún funcionario municipal supervisa la recaudación bruta del espectáculo, de manera que el Ayuntamiento no tiene mecanismo de acceso alguno a la hoja de taquilla ni a la custodia de los fondos hasta su liquidación. Ni siquiera a través de aplicaciones informáticas.
Así las cosas, la Junta de gobierno municipal, en la que están representados los tres grupos del Gobierno local (PSOE, Somos e IU) acordaron por unanimidad el pasado viernes abrir una investigación sobre la contratación de la producción de La Ería. El alcalde, Wenceslao López, también se ha manifestado al respecto diciendo que el asunto se analizará al detalle y que si hay algún aspecto irregular no tendrá "ninguna duda" en realizar cambios en las fiestas de San Mateo. Desde Somos, Ana Taboada ya criticó al llegar al Ayuntamiento que el PP "estuviera más preocupado por blindar los contratos de San Mateo que por los problemas de las familias ovetenses".
Mientras, algunos artistas como es el caso de Melendi, Raphael o Pablo Alborán han trasladado que estudian demandar al Ayuntamiento de Oviedo por los perjuicios ya que les está causando esta incertidumbre, traducidos, sobre todo, en una parálisis de la venta de entradas.
