El Ayuntamiento mandará a grupos de funcionarios a los conciertos que se celebren el próximo San Mateo en el recinto de La Ería para controlar el dinero que se ingrese por las entradas y las barras. Se trata de una de las medidas que tomará el tripartito después del informe del interventor municipal respecto a los contratos de producción de los espectáculos mateínos. El documento, presentado ayer en Junta de Gobierno, es crítico con que se mezcle la gestión de producción de los conciertos con la gestión de los bares instalados en la zona, pero no emite ningún dictamen jurídico que aconseje cancelaciones de ningún recital, tal y como adelantó en su edición de ayer LA NUEVA ESPAÑA.
Sin embargo, pese a que el documento acredita que los precios de las licitaciones fueron "correctos", la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), presidida por el nuevo edil de cultura Roberto Sánchez Ramos (IU), quiere intensificar la vigilancia para ser "transparentes como el cristal". Para ello mandará a cada concierto a grupos de funcionarios que se distribuirán de forma organizada por la zona para hacer un "estricto" control de "todos los ingresos que haya". La idea es que estas patrullas de funcionarios vayan a "todos y cada uno" de los recitales, empezando por el primero, que dará el grupo Los Suaves el próximo 11 de septiembre.
El informe se centra en aspectos de los acuerdos que podrían estar mejor, pero no anula los contratos. Particularmente, critica el hecho de que los contratos de producción estén vinculados a los de las barras. "La gestión de los bares y la zona de comidas debió ser objeto de un procedimiento propio y diferente al de servicio de producción", dice textualmente el documento porque, añade, "lo único en común entre una y otra prestación es el recinto en que se prestan". Por tanto, continúa el texto, considera un "error" la mezcla porque, asegura el documento, con ella se restringe el posible número de licitadores de barras dado que "hay muchas empresas que disponen de la solvencia técnica para explotar los bares". Y al restringirse las licitaciones y afectar a la competencia, dice el texto, se reducen los ingresos públicos.
"Hay un informe y una resolución en la que se dice expresamente que en el contrato de contratación no puede mezclar 'churras', que sería la producción, con 'merinas', que sería la explotación de los bares del recinto, y aconseja que sea un contrato específico y no un contrato global", aseguró ayer Sánchez Ramos, que añadió que el documento deja claro a "algunos concejales y grupos políticos" que "hay cosas que no se pueden hacer".
El informe se elabora tras aprobarlo la Junta de Gobierno a instancias de Sánchez Ramos, que pidió la investigación de un contrato, adjudicado en 98.000 euros por el anterior gobierno municipal (PP), en el que una misma empresa se ocupa tanto de la producción como de la coordinación general de los conciertos (montaje de la carpa, gestión de los bares, la impresión y venta de entradas, el control de los accesos...). El edil de IU quería saber si "todo estaba en orden" ante la sospecha de que pudiera tratarse de una "privatización encubierta".
El documento emite algunas dudas sobre distintas cláusulas como la de pagar el precio del contrato "el día de la actuación y antes de dar el comienzo de la misma", pero deja claro que los datos de licitación son "correctos" y que "las cuestiones relativas a los sistemas de control de recaudación de entradas", que "escapan a la pericia exigida por el interventor", corresponden al responsable del contrato.
Además de la vigilancia "in situ" de los ingresos en los conciertos celebrados en La Ería, la Junta de Gobierno aprobó otras medidas como la "prohibición expresa" de los contratos que limiten innecesariamente el número de licitadores, la definición de qué órgano municipal es "competente" para informar sobre los ingresos de la SOF o la obligación de incorporar a los expedientes de los contratos las ofertas de los manager y los agentes locales con documentos en los que conste la negociación.
