El Partido Popular regional anunció ayer la presentación de una proposición de ley para garantizar a los asturianos que no se rebasarán determinados tiempos de espera para operarles, atenderles en una consulta o someterles a una prueba diagnóstica. Esta iniciativa incide en una materia que lleva varios lustros dando vueltas sin una solución satisfactoria. En febrero de 2003, este periódico publicó un borrador de lo que por entonces se denominaba ley de derechos y deberes de los pacientes, comprometida por el Gobierno regional el año anterior, a raíz del traspaso de competencias sanitarias. Doce años después, ni los sucesivos ejecutivos del PSOE ni Foro en su corto periodo al frente del Gobierno han conseguido llevar la norma a buen puerto.

El diputado regional del PP Carlos Suárez dio a conocer la presentación de esta iniciativa legislativa. En su comparecencia ante los medios, el cirujano -de nueva incorporación a la Junta- agregó que su partido presentará "un plan de choque integral" para reducir las abultadas listas de espera que sufre la sanidad pública asturiana. Suárez anticipó su receta para solventar el problema: "Las 'peonadas' [nombre que en el sector sanitario se da a los programas especiales de trabajo vespertino] son un concepto que no nos gusta. Ni su nombre ni lo que implican. Son una chapuza. Pero sí pueden hacerse prolongaciones de jornada voluntarias e incentivadas, dentro de una autogestión de la lista de espera por parte del propio servicio, con el apoyo de la Administración". Y apostilló: "Como hemos visto en otros sitios, una estrategia de este tipo llega a buen puerto seguro".

El diputado popular calificó de "grave" el panorama de las listas de espera en los centros sanitarios públicos de la región. El pasado mes de junio finalizó con 18.180 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica. La demora media era de 68 días. La proposición de ley que prepara el PP incluirá el compromiso, por parte de la Administración sanitaria, de "asegurar un tiempo de espera máximo para el cumplimiento de las intervenciones quirúrgicas, las consultas médicas y las pruebas diagnósticas, como ya existe en otras comunidades, del PP y no del PP". En caso de que el plazo se rebase, "el paciente podrá derivar al medio que desee para resolver el problema", indicó Carlos Suárez.

Otro epígrafe de la norma que los populares llevarán a la Junta consiste en ofertar "una segunda opinión médica para los pacientes con una patología grave o trascedente para su salud". A estos enfermos "se les facilitará el transporte, el acceso y los medios oportunos", especificó el diputado. Un tercer aspecto de la propuesta se centrará en "la libre elección de médico de familia, pediatra y enfermero en atención primaria, cada uno por separado".

El texto de la ley de derechos y deberes de los pacientes que se manejaba en 2003 era muy similar: recogía aspectos reiteradamente invocados, como la libre elección de médico y de centro, el derecho a una segunda opinión de un facultativo o la garantía al " acceso a las prestaciones sanitarias en el tiempo mínimo posible que legal o reglamentariamente se determine ".

Carlos Suárez hizo alusión al decreto aprobado por la Consejería de Sanidad en agosto de 2012, que dio lugar a una dura huelga de médicos que se desarrolló en el último trimestre de ese año. "Los médicos lo denominamos 'el decreto de la infamia", enfatizó. A juicio del diputado popular, la pretensión del anterior Ejecutivo del PSOE de aligerar las listas de espera desembocó en "un fracaso". "El deterioro de la sanidad pública ha sido progresivo, y esta valoración ha sido confirmada de forma implícita en unas declaraciones recientes por el actual consejero de Sanidad", aseveró.

Frente a las listas de espera, el PP apuesta por una estrategia basada en "la colaboración con los profesionales, no sólo los médicos, dando una cierta libertad y autonomía, incentivando y reconociendo los méritos de los servicios que cumplen los objetivos".

El diputado popular anunció, asimismo, la presentación de una proposición no de ley para poner en marcha la "carpeta virtual del paciente" -accesible a través de internet y que contendrá todo su historial médico-, un plan integral de atención primaria y una regulación de los conciertos con centros sanitarios de titularidad no pública. Según Carlos Suárez, "el reciente informe de la Sindicatura de Cuentas ha puesto de relieve que los conciertos están desarrollándose de una forma completamente irresponsable, sin regular, sin criterio, con resultados dudosos y muchas veces desconocidos, sin control y sin sentido".