La Confederación Hidrográfica del Cantábrico tendrá que gastar 1,2 millones de euros al año en gestionar la depuradora de Las Caldas, en funcionamiento desde antes del verano, a causa de la falta de entendimiento entre el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo, que no se ponen de acuerdo sobre quien debe asumir la gestión.
Lo más habitual es que la Confederación se encargue de la obra y la Administración regional de turno de la gestión de la estación de depuración de aguas residuales. Sin embargo, en el caso de Las Caldas, el Ayuntamiento de Oviedo hizo público a finales de 2013 que quería gestionarla, igual que los colectores asociados de los ríos Gafo y Nalón. Pero dos años de parón y conversaciones entre la consejera de Medio Ambiente, que repite en el cargo, Belén Fernández (PSOE), y el ex alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo (PP), no fueron suficientes para llegar a un acuerdo.
Así las cosas, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico determinó que lo que no tenía sentido es que la depuradora, con la obra terminada, estuviese cerrada y sin funcionamiento. Así que la entidad de titularidad estatal ha decidido echar a andar la depuradora, gestionando su funcionamiento a través de la empresa pública Tragsa. Fuentes del organismo explicaron a LA NUEVA ESPAÑA que la gestión supone un coste de 100.000 euros al mes, con cargo al canon de saneamiento.
La depuradora de Las Caldas, ubicada en Casielles, junto a Puerto, finalizó con cuatro años de retraso respecto a los planes iniciales. Su puesta en servicio servirá a medio plazo para terminar con la contaminación en el río Gafo y los malos olores que llegan hasta el Parque de Invierno, ya en Oviedo.
Una depuradora en marcha y la ampliación de las otras dos importantes del municipio, ya en obras. Se trata de las estaciones de San Claudio y Villaperi, ambas de gran calado. La primera -crisis aparte- frenó el desarrollo urbanístico de toda la zona Oeste del municipio. Y es que mientras la estación de San Claudio no amplíe su capacidad para tratar un mayor caudal de aguas residuales resulta imposible dar el visto bueno a la habitabilidad de los desarrollos urbanísticos de esta zona, como Las Campas-Paniceres, La Lloral o el Plan de vivienda de San Claudio.
El Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en verano de 2013 las obras a la unión temporal de empresas (UTE) constituida por FCC y Aqualia, que presentó una oferta por 17,1 millones de euros, 300.000 euros menos del presupuesto previsto inicialmente. Esta rebaja aumentó el porcentaje de participación de la Unión Europea, que pasó del 61,96 al 75 por ciento y dejó en un 13 por ciento la aportación del Principado. Está previsto que los trabajos, que comenzaron hace más de un año, tengan una duración de 22 meses, aunque aún no hay fecha oficial para la finalización de los trabajos.
Tampoco es baladí la de Villaperi, que dará servicio al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y a los nuevos barrios que han crecido a su abrigo. La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) adjudicó por 43,5 millones el contrato conjunto para la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y la explotación por cinco años. Cuando termine la ampliación tendrá capacidad para atender a 723.000 habitantes.
