Pasqual Maragall acusó a CiU de cobrar comisiones ilegales procedentes de obra pública y hoy, diez años después, agentes de la Guardia Civil a las órdenes de un Juzgado de El Vendrell (Tarragona), iniciaron los registros en las sedes de la Fundació Catalanista i Demòcrata y los ayuntamientos de Lloret de Mar, Figueres y Sant Celoni, en busca de pruebas que demuestren aquella declaración que apuntaba a supuestas mordidas a empresas adjudicatarias de la Convergència Democràtica de Jordi Pujol. Y Artur Mas, el sucesor de Pujol, en plena cuenta atrás para las elecciones del 27-S, con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña; a lo mejor le conviene adelantarlas. Conocí a un empresario que promocionaba rapidísimo las casas con el fin de que cuando los economistas cuadrasen el balance y anunciasen las pérdidas ya se hubiera embolsado el beneficio.
