"Unas bacterias se comen los restos orgánicos y otras se nutren de nitrato y de fósforo", explica César Prieto. Lo hacen a placer, en enormes arquetas de las que va desbordando el agua limpia para ser recogida.
El líquido pasa luego a unas tanquetas donde es sometido a decantación. Ya hay dos y una tercera se levantará sobre una antigua que ahora se está derribando. Aún hay espacio reservado para construir una cuarta.
Hay un decantador a continuación, que prácticamente está finalizado, y para no desperdiciar ni una gota, la estación de San Claudio incorpora, al final de todo el ciclo, una nueva planta, que aún apura más la limpieza. "Es como meter una sexta marcha en un coche", explica César Prieto.
Devolver la salubridad al agua es un proceso largo, que dura días, y costoso. "Las exigencias de calidad para las aguas devueltas a los ríos son cada vez mayores", afirma Pérez-Espinosa. Acuaes no se ha limitado a mejorar la planta de San Claudio para aumentar la capacidad de agua que depura. También incorpora nueva tecnología para tratar los lodos, que ya totalmente deshidratados se envían a Cogersa, la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, y los olores, cerrando todos los espacios donde se pueden generar e instalando en ellos sistemas para su extracción.
La modernización de la estación depuradora de San Claudio requiere una inversión de 16,6 millones de euros y está financiada en un 80 por ciento por Acuaes, sociedad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que ha recibido el 75 por ciento del dinero de la Unión Europea. El resto, un 20 por ciento, es aportación de la Administración del Principado. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC ) que a través de Aqualia, del mismo grupo, se hará cargo de su explotación durante los primeros cinco años de funcionamiento, "una garantía más de que se hacen del mejor modo posible", según Pérez-Espinosa.
La ampliación de la depuradora de San Claudio se ha dilatado años y años, en buena parte por desacuerdos entre administraciones. En enero de 2008 se cotemplaba en un convenio suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Norte y el Principado.
