"Es un problema urbanístico que no se puede resolver sin tener en cuenta la vertiente social". Belén Fernández Acevedo, concejala del PP en el Ayuntamiento de Oviedo, valoraba así ayer la situación a la que se puede ver abocada una vecina del Naranco en paro y madre de tres niños si finalmente el municipio ejecuta la sentencia que obliga a derribar el chalé en el que reside por construirse ilegalmente. Fernández acusó al tripartito que gobierna la ciudad de "poca sensibilidad social" y cargó contra "la falta de sensibilidad por las personas". "Ahora que están en el poder ya se han olvidado de la gente", añadió Fernández Acevedo que acusó a la izquierda local de "solo defender los intereses de los suyos". La que fuera concejala de Servicios Sociales en el anterior mandato reconoció que la "ley está para cumplirla" y que no ejecutar el derribo "sería prevaricar" pero añadió que "hay que buscar una solución para esta familia porque no se puede quedar en la calle".
Por su parte, Miguel Ángel García, miembro de la plataforma de los Afectados por las Hipotecas y los Deshaucios en Asturias, manifestó que la vivienda de la polémica "es ilegal" pero solicitó al Ayuntamiento que ayude a la mujer a encontrar otro alojamiento. La plataforma ya se ha puesto en contacto con la interesada. Mientras, desde IU, el socio minoritario del tripartito, se prefirió guardar silencio sobre la situación de la mujer y sus tres hijos, de 6, 3 y 2 años de edad.
