Carolina Hoyos (Bogotá, 1985) lleva la reivindicación en la sangre. Abogada de formación y defensora de los derechos humanos de corazón, ha conseguido unir ambas vertientes en su faceta laboral. Desde hace nueve años, esta joven forma parte de Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que trabaja por la defensa de los derechos de los ciudadanos colombianos, en especial de los campesinos, uno de los sectores más castigados por el conflicto armado que azota al país desde hace más de 50 años. Hoyos está realizando junto a la periodista colombiana Isabel Ortigosa una gira europea para comunicar a los refugiados colombianos y a la sociedad en general los últimos avances de su trabajo con respecto a los desaparecidos a causa del conflicto armado y las novedades que surgen de las conversaciones de paz que están manteniendo el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Una información que resumieron ayer en Oviedo, en el marco de la jornada "Perspectivas para los derechos humanos y la paz en Colombia", que se celebró en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).
-En sus visitas a Europa siempre está incluida Asturias, ¿por qué?
-La región tiene un programa de acogida importante y, en estos momentos, gracias a la organización Soldepaz-Pachakuti de Gijón, hay cinco refugiados viviendo aquí. Sentimos la obligación de venir a informarles sobre cómo avanzan las cosas. Por eso Asturias siempre tendrá un lugar entre los colombianos.
-Han sido recibidas en el Ayuntamiento de Oviedo.
-Sí, nos hemos reunido con la concejala de Igualdad, Marisa Ponga, del PSOE, y con concejales de Izquierda Unida y Somos. El Partido Popular no ha querido recibirnos. Supongo que no estamos entre sus prioridades. Pero nos quedamos con que el gobierno ovetense nos ha tendido la mano a seguir colaborando. Y para Colombia la solidaridad es vital.
-Dos refugiados acogidos por este programa fueron asesinados a su regreso a Colombia. ¿Las cosas han cambiado?
-Sí, Luciano Romero Molina murió en 2005, y Henry Ramírez Daza, en 2010. El conflicto estaba muy activo durante esos años. Ahora estamos inmersos en un proceso de paz, pero sólo en 2015 los grupos paramilitares asesinaron a 66 defensores de los derechos humanos. Las cosas están cambiando, pero poco a poco.
-¿Cree que el resto del mundo sabe de verdad lo que pasa en Colombia?
-No. La mayoría de las personas están convencidas de que la guerrilla es la mala de la película, pero el Gobierno ha cometido muchos crímenes de Estado. Las peores masacres y un gran número de las desapariciones y ejecuciones son del Estado. Lo que pasa es que los medios y el Gobierno magnifican los crímenes que comete la guerrilla. Por eso, en esta gira, explicamos que hay otra realidad diferente a la que nos llega y que debemos conocer.
-Dentro de Colombia, ¿hay una opinión generalizada?
-El país está muy polarizado en cuanto a las posiciones políticas, pero gracias a la paz la gente se ha dado cuenta de cuál es la situación interna. Está claro que no es lo mismo ver el conflicto desde tu piso en la ciudad de Bogotá a hacerlo desde tu cabaña en una zona rural. En zonas como el departamento del Meta, en el centro del país, los campesinos se dormían cada noche sin saber si su casa iba a ser bombardeada o si alguno de ellos iba a ser secuestrado. Allí siguen este proceso deseando que llegue el momento en el que puedan volver a dormir tranquilos.
-¿Piensan que esta vez sí se conseguirá la paz definitiva?
-Las cosas se están haciendo de manera más estructurada y estable, así que confiamos en que la paz llegue pronto. Hemos conseguido avances en la cuestión agraria, en la participación política, en los mecanismos de justicia y, este mismo sábado, se firmó un acuerdo sobre la búsqueda de desaparecidos.
-Ése es justo el campo en el que trabaja su organización.
-Sí, con los familiares de víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales de las departamentos de Meta y Guaviare. En 2010, realizamos una denuncia apoyada por varios eurodiputados, y el gobierno de Juan Manuel Santos dio una orden para crear un censo de estas víctimas. Se confirmó que en Colombia había 20.453 cadáveres sin identificar, la mayoría enterrados entre 2002 y 2009, durante el mandato de Álvaro Uribe.
-Y con esos datos, arrancó su trabajo de campo.
-Nosotros sabíamos que en esos dos departamentos había cinco cementerios a los que el Ejército llevaba una media de cinco cadáveres al día durante esos años. Desde 2010, hemos localizado 2.292, y gracias al cruce de huellas, hemos identificado 830. Pero solo 77 han sido entregados a sus familias. No tenemos medios suficientes y no es fácil localizarles porque en la zona rural no hay internet ni teléfonos.
-¿Las víctimas son guerrilleros?
-De estos 77, había 44 que eran campesinos inocentes que no tenían nada que ver con la guerrilla. Ellos fueron los que más sufrieron este conflicto. Tenemos pruebas como que la familia denuncie su desaparición un día y la muerte conste al siguiente. Es imposible que alguien se una a esta corriente en un día. También aparecen cuerpos con heridas de bala en un sitio y un uniforme de guerrillero agujereado en otro o sin ningún resto de bala. Eso demuestra que el Ejército los atacaba con su vestimenta de campesinos y los cambiaba para justificar el asesinato.
-¿Culpan a Uribe por estos hechos?
-Ha cometido crímenes, y debe pagar por ellos. Él puso precio a la vida, premiando a los soldados por cada muerte que llevaban a cabo y asignándole una tarifa a cada una. Él veía a todos los campesinos o ciudadanos que luchaban por sus derechos como miembros de la guerrilla y ése fue su gran error. La guerrilla también cometió crímenes, claro está, pero el mayor número de crímenes fue cometido por el Estado.
