La Administración del Principado tendrá que indemnizar a la profesora de un instituto en Oviedo con 9.900 euros por la agresión de un escolar. El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 ha dado la razón a la profesora, que recurrió una resolución del Consejo Consultivo del Principado que emitió un dictamen en el que eximía de responsabilidad patrimonial a la Administración. La sentencia estima que "no hay duda alguna" de que el centro y la Administración "tenían pleno conocimiento de la difícil situación que planteaba la conducta del alumno" y que no se prestó "atención específica" a esta problemática. El juzgado declara pertinente la indemnización por el periodo de inactividad de la maestra tras dos intervenciones quirúrgicas. "Estoy muy contenta porque esta sentencia sienta jurisprudencia: la Administración es responsable de las personas que trabajan para ella. Hay que apoyar al profesor y dejarse de papeleo", explicó ayer en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA la profesora agredida, María del Carmen Canga Fernández.

Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2013 en una clase de cuarto curso de Primaria, cuando dos profesoras, la tutora (que ha ganado el proceso judicial contra el Principado) y una maestra de apoyo, fueron agredidas por un alumno que entonces tenía diez años. En un momento dado, el escolar se abalanzó sobre la maestra de apoyo agarrándola por el cuello y la tutora fue en su ayuda. Para zafarse de ella, el niño terminó retorciéndole el pulgar de la mano izquierda hasta sacarle el tendón, por lo que necesitó ser intervenida quirúrgicamente. "La Administración no es consciente de la realidad que se vive en un aula. El maestro se encuentra con nueve o diez niños con altas capacidades, otros con problemas de conductas, inmigrantes... En mi caso nombraron a una educadora especial a media jornada. ¿Qué pasa, que en la otra media jornada el niño se portaba bien?", explica María del Carmen Canga. "El alumno no estaba diagnosticado para estar en ese centro, es duro y complicado, pero hay que ser conscientes de la realidad que se vive en las aulas. Yo era la tutora e hice lo que pude para ayudar a mi compañera", explica la maestra que ha ganado la sentencia. Tras este incidente, el niño agresor fue trasladado a otro centro, con unas medidas especiales.

María del Carmen Canga tiene 32 años de experiencia como profesora de educación especial y asegura que en clase "ha visto de todo", aunque "las situaciones y casuística son diferentes". Ella está muy agradecida de que el juez la haya dejado explicarse y que la haya escuchado. Espera que la sentencia sirva para que la Administración haga una reflexión que redunde en un mayor apoyo a la labor de los docentes en las aulas.

El sindicato CSIF, al que pertenece la profesora agredida y cuyos servicios jurídicos se personaron en el procedimiento judicial, emitió ayer un comunicado sobre la sentencia firme. "El mismo médico de urgencias que la atendió dio traslado del caso a la administración de justicia y la asesoría jurídica de CSIF inició los trámites de defensa de esta maestra. Este sindicato sigue haciendo hincapié en lo importante que es la tarea de los docentes, la responsabilidad que ello conlleva y las agresiones, que aunque no sean muchas, siguen produciéndose de vez en cuando en los centros educativos", manifestó la presidenta del sector de Enseñanza de CSIF Asturias, Susana Rodríguez Luzuriaga.