El alcalde de la ciudad, Wenceslao López, emitió ayer un bando municipal para advertir a todos los hosteleros de la ciudad de que se les acaba el tiempo para adecuar sus terrazas a la nueva ordenanza, que entrará en vigor en enero y que exige a los establecimientos a tenerla con un grado cien por cien de accesibilidad.
El regidor socialista exigió a los empresarios que tengan terrazas de tipo A, que son las de reciente creación (el resto tiene un año más, hasta 2017) que les queda poco más de un mes para presentar en las dependencias municipales la documentación necesaria que acredite que las terrazas reúnen las condiciones que marca la ley. El primer edil avisó de que en caso de que no disponga de esa documentación, o que llegue fuera de plazo, el Ayuntamiento procederá a denegar o extinguir el permiso "automáticamente".
La ordenanza de terrazas fue impulsada y aprobada por el anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento. A finales de julio el nuevo tripartito decidió posponer su revisión, argumentando que existe un proceso judicial abierto. Los responsables municipales negociaron durante meses con diversos colectivos sociales, entre ellos vecinos y organizaciones de personas con discapacidades, las medidas a adoptar en un documento que ha enfrentado a hosteleros y vecinos.
Los dueños de los establecimientos consideran que la nueva regulación es muy restrictiva y perjudica sus intereses. De hecho, Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA), la principal organización de hosteleros de la región, entregó la semana pasada al edil de empleo, Rubén Rosón, un informe que alerta de que con la nueva ordenanza, la ciudad perderá siete de cada diez plazas de terraza actuales. El estudio, elaborado de forma aleatoria entre 210 terrazas de la ciudad, deja otras conclusiones como que la mitad de las mesas desaparecerán o que seis de cada diez empleos directos se destruirán.
