El asesino confeso de Isabel Márquez Uría, la mujer que murió en su domicilio de General Zuvillaga tras ser golpeada por su pareja con una mancuerna, quiere utilizar su condición de abogado para defenderse a sí mismo durante el proceso. Aunque no es un recurso habitual, recurrió a este "derecho" la madre de Asunta, Rosario Porto. La Ley general de la abogacía contempla que un letrado pueda llevar asuntos propios o de un familiar hasta tercer grado de consanguinidad. Jorge Portillo Vega, licenciado en Derecho, está colegiado en Vizcaya y pretende ejercer como abogado coadyuvante en apoyo de su letrada, Ana Arrojo.

"Le comenté a mi defendido esta posibilidad, teniendo en cuenta su condición de abogado y él accedió", explica la letrada, que presentó formalmente la solicitud el pasado viernes en el Colegio de Abogados de Oviedo. Es el decano, Ignacio Cuesta, quien debe decidir si habilita al hombre, que en principio cumple todos los requisitos. Si bien es cierto que la Ley general de la abogacía especifica que para ejercer en asuntos propios no debe tener antecedentes, los que posee Portillo (por lesiones, daños, atentado a la autoridad y reclamación judicial) han prescrito ya. "La buena relación entre el cliente y el abogado es fundamental para el ejercicio de la defensa", indicó Ana Arrojo sobre esta solicitud.

Si finalmente el Colegio de Abogados habilita a Portillo para que pueda defenderse a sí mismo durante la instrucción, esta circunstancia le permitirá asistir, por ejemplo, a las declaraciones de testigos en el Juzgado de violencia de género. De este modo, se le tendrían que autorizar para estas citaciones salidas de la cárcel de Villabona, donde permanece en prisión preventiva por orden de la juez del caso, Mónica Casado. El asesino de Isabel Márquez Uría aún duerme en el módulo de enfermería, porque se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios, una acción que tenía pensado llevar a cabo tras matar a su pareja, aunque finalmente no tuvo valor a realizar. Sus planes ahora son diferentes, y tal y como ha comentado a su abogada está pensando en estudiar otra carrera universitaria, quizá Historia.

En el procedimiento judicial sobre la muerte de esta vecina de la calle General Zuvillaga se ha personado también el hijo de la fallecida, que residía en el extranjero en el momento que le comunicaron la terrible noticia.

Jorge Portillo Vega, de 51 años, es natural de Barcelona pero vivió durante un tiempo en Bilbao. Desde el País Vasco se trasladó a Oviedo, donde nunca consiguió un empleo. Vivía desde hace unos años con María Isabel Márquez Uría en un piso de alquiler en la calle General Zuvillaga, junto al Club de Tenis, del que ella fue socia hasta hace unos meses. La mujer tenía 65 años, estaba separada y se había jubilado como empleada del psiquiátrico de La Cadellada.

Según su declaración en el Juzgado de Violencia sobre la mujer, Portillo había mantenido engañada a su pareja contándole que tenía trabajo y una cuenta corriente saneada. Unos días antes del asesinato les cortaron la luz del piso, aunque él le dijo que se debía a una avería. El mismo día que la mató le prometió que iban a ir al banco para arreglar el "bloqueo" de la tarjeta de crédito de ella, cuando la realidad es que no tenía fondos. La víctima no se lo creía todo, puesto que llegó a denunciarlo por sacar 300 euros sin permiso utilizando su tarjeta. Jorge Portillo Vega aseguró ante la juez del caso que mató a su pareja para ahorrarle el sufrimiento de no tener dinero.