El futuro del centro ecuestre El Asturcón se complica con el paso de los días. El interventor municipal, José Luis González, emitió ayer un informe en contra de la tercera versión de los pliegos de condiciones para la adjudicación del hípico, cuya solución es uno de los grandes empeños del Alcalde, Wenceslao López. Los pliegos, que ya se han rehecho tres veces, siguen sin pasar el filtro del interventor, que es el último responsable de velar por su legalidad. El texto no podrá ir hoy a Junta de Gobierno para su aprobación, como tenía previsto el Alcalde, que es consciente de que el tiempo no juega a su favor. El contrato con la actual concesionaria del centro, Urbaser, termina el 31 de diciembre y, aunque ya ha apalabrado con ella una prórroga de unos días, teme que el paso de tiempo le acabe por complicar la solución.
El alto funcionario emite su veredicto en un documento de 22 páginas al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Viene a decir que hay apartados en los que se favorecen los intereses privados, que determinados requisitos económicos benefician siempre al contratista, que la fórmula de revisión de precios (boxes, cursos) no se ajusta a la ley y que la parcela anexa de 167.000 metros cuadrados que se ha adjuntado a los pliegos no tiene especificada ni la naturaleza ni las obras que deben efectuarse en ella, lo cual, dice, "puede acarrear problemas de nulidad".
En sus conclusiones, de cinco puntos, el interventor advierte de que los actuales pliegos "no recogen el principio de riesgo y ventura" porque "no se establecen límites" adjudicatario, al que dice que se le da un margen muy amplio de actuación. Avisa de que el texto permite mucha libertad a la empresa que se haga cargo del centro y que la forma de revisión de las tarifas "no respeta el plazo de carencia de dos años" ni "establece una fórmula de las admitidas por la ley".
Sobre los terrenos anexos, una finca de 167.000 metros cuadrados que reclama el colectivo de parados y precarios para establecer allí una cooperativa agrícola, el interventor avisa de que "no queda claro" si se incorpora como servicio de dominio público o como bien patrimonial. En el caso de ser bien patrimonial, advierte, la concesión no puede superar los 20 años, cuando el pliego establece 25. "Tampoco hay referencias a la posibilidad de que los terrenos que fueron adquiridos por expropiación pudieran ser objeto de reversión a solicitud de los propietarios originales", agrega.
El interventor deja claro que "se informa desfavorablemente" el expediente y añade: "Podría plantear este informe en términos de reparo de legalidad, pero con el fin de agilizar la tramitación del expediente prescindo de la posibilidad, más bien obligación que me impone la ley".
En el informe anterior, fechado el 20 de noviembre, el interventor ya advertía del "amplio margen atribuido" al contratista e instaba al tripartito a rehacer los pliegos "ante alguna eventual nueva denuncia por tráfico de influencias". Y fue lo que hizo el gobierno, rehacerlos y entregárselos nuevamente al interventor, que los tiene desde hace ocho días. De hecho, el Alcalde, Wenceslao López, retiró las competencias a la concejala de Deportes, Mercedes González (Somos), el pasado miércoles 25 de noviembre, para firmar por ella (se encontraba fuera de la ciudad) los pliegos y darle margen de tiempo al interventor, que está molesto por las acusaciones hace un mes de Somos de favorecer al exalcalde Agustín Iglesias Caunedo en el marco de la trama del agua.
El nuevo informe estuvo listo ayer al mediodía, aunque a los grupos consultados "no les constaba". Tanto Somos como IU, los socios del PSOE, ponían la vista en la finca anexa, reclamada por el colectivo de parados y empleados en precario, que esta semana hizo un escrache a IU en el Pleno, al que acusaban de no cumplir con lo prometido. "No vamos a apoyar ningún pliego que incluya esa finca mientras no haya otra alternativa sobre la mesa", dijo Cristina Pontón, portavoz de IU. "Este modelo de dejar las cosas en el aire, sin nada escrito, no nos vale. La gestión de El Asturcón no puede llevarse por delante un proyecto de parados del municipio", añadió la edil, que pidió "no usar" esta finca "como moneda de cambio".
La vicealcaldesa Ana Taboada (Somos) señaló que esa finca fue prometida por IU sin "tener en cuenta" las trabas legales. "No se puede comprometer algo que jurídicamente no es posible hacer", dijo. Sin embargo, Taboada anunció que "si no hay otra alternativa para los parados y los precarios pediremos que se saquen del pliego", pero aseguró que el objetivo de su grupo es "buscar la fórmula para favorecer la implantación de cooperativas agrícolas en este municipio".
