Un vecino de Oviedo pretende impugnar la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al considerar que incumple los principios de igualdad y progresividad al no tener en cuenta si sobre la vivienda pesa un préstamo hipotecario. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, critica que la ordenanza no deduce de la base imponible el saldo del préstamo hipotecario que queda por pagar para fijar una base liquidable "real y justa". Entiende este vecino, que prefiere mantener el anonimato, que "no tiene el mismo valor real una vivienda libre de cargas que la gravada con una hipoteca" y que tampoco es igual "la capacidad económica de sus titulares.

A la hora de argumentar la impugnación de la ordenanza tramitada por el nuevo equipo de gobierno y que entrará en vigor en 2016, el documento hace alusión a una serie de "fundamentos de derecho". Por ejemplo, que los impuestos como el del IBI "ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente" o que el valor catastral de la vivienda deberá tener en cuenta el "saldo vivo" del préstamo hipotecario adeudado por el ciudadano "para medir su capacidad económica y ser real". A juicio del vecino, que pretende conseguir que la deuda hipotecaria se deduzca de la base imponible de la contribución para formar la base liquidable, resulta "evidente" que un vecino que tiene que hacer frente a una hipoteca "no tiene la misma capacidad económica que otro vecino o titular de una vivienda de valor catastral similar, pero libre de cargas o con distinta hipoteca". A todo esto añade que "no es justo que el sistema tributario valore igual un bien hipotecado que otro libre" y que impone "la misma carga tributaria a dos titulares de capacidad económica tan distinta".

El gobierno local ha programado una rebaja generalizada de impuestos y precios públicos que supondrá, según sus cálculos, una rebaja de un 3 por ciento en la presión fiscal para el próximo año. Uno de los tributos que más se ha tocado es el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuya rebaja (también una media de un 3 por ciento) supondrá a las arcas municipales una pérdida de un máximo de 2,6 millones de euros, dependiendo de las bonificaciones a las que se apunten los ovetenses, por ejemplo, de un 3 por ciento si domicilian el pago, con un límite de 40 euros. El Ayuntamiento espera contrarrestar esta rebaja cobrando la contribución a la Iglesia, a sabiendas de que legalmente sería difícil de lograr.