La Audiencia ha ratificado el auto jucial del pasado julio en el que la tiular del juzgao de instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, había decidido el sobreseimiento y archivo de la denunica de los trabajadores de la constructrora de capital pública Sedes por la intermediación de esta en la en la compra de inmuebles a Jovellano XXI en el palacio de Calatrava. Dicho inmuebles fueron destinados a dos consejerías del Principado.
La sala de la Audiencia confirma el auto que en su momento emitió la instructora y pone freno al recurso de la acusación. Se da la circunstancia de que Ana Taboada, ahora vicealcaldesa, tenía la representación legal de la acusación popular, ejercida por Ecologistas en Acción. Una vez que accedió a su cargo en el Ayuntamiento, la concejala se apartó del ejercicio de la abogacía.
Los empleados de Sedes consideraban que la empresa se había despatrimonializado como consecuencia de una operación en la que adquirió a Jovellanos XXI inmuebles en el Palacio de Calatrava para que posteriormente fueran arrendados y finalmente vendidos al Principado quien, una vez decidida la compra, pagó a Sedes mediante la permuta de inmueles. Con ellos, la constructora avaló créditos por 51 millones.
