El gobierno local (Somos, PSOE e IU) decidirá esta semana sobre los 109 trabajadores del plan de empleo que demandaron al Ayuntamiento, al que reclaman que se les reconozca como personal laboral y, por tanto, les convierta en trabajadores indefinidos no fijos. La idea que valora el tripartito, que ha solicitado un documento de los técnicos con información detallada de cada caso, es optar por indemnizar a cada uno de ellos en lugar de contratarles. Los afectados, que presentaron la primera gran batería de demandas a finales del pasado mes de noviembre, reivindican que estuvieron asumiendo funciones en el Ayuntamiento que no les correspondían y que, haciendo el mismo trabajo que los funcionarios, cobraban muy por debajo de lo que les correspondía.
El Alcalde, Wenceslao López (PSOE), y varios concejales del tripartito se reunieron ayer para tratar el asunto, que se abordará previsiblemente en la Junta de Gobierno que está prevista para mañana. El gobierno ha hecho cuentas y ha estimado que, si todas las sentencias son desfavorables al Consistorio, como ya son las cuatro que ya han salido de los juzgados, el montante para costear las indemnizaciones ascenderá a una cifra final de casi dos millones de euros. Las indemnizaciones en sí suben a 288.000 euros, cantidad a la que hay que sumar 1,7 millones que sale tanto de las cotizaciones como de la diferencia de pagar el salario que cobraban (la mayoría no llegaban a 800 euros) con el que les hubiera correspondido, en varios casos hasta tres veces mayor.
La decisión todavía no está cerrada, a la espera de las valoraciones de los técnicos, que tendrán que decir qué puestos eran estructurales y, por lo tanto, necesarios en el organigrama municipal. Sin embargo, distintas fuentes municipales consultadas aseguran que la contratación de estos trabajadores supondría un gasto anual para el Ayuntamiento que sería "difícil" de asumir y que, además de eso, varios de los perfiles no serían "tan necesarios" como otros.
En este punto, el concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos) manifestó que se tomará una decisión "siguiendo la valoración" de los técnicos, pero admitió que si se optara por la vía de la contratación el gasto sería mucho mayor "y no sólo este año, sino en los sucesivos". El concejal de Somos señaló que los dos millones de euros a los que ascienden las indemnizaciones corresponden a "otra deuda oculta de la mala gestión de Caunedo". "Estamos ante otro pufo más del 'caunedismo'", dijo, y rememoró otras partidas que deben asumir como la deuda con la empresa de la basura, FCC, de 1,5 millones, que "dejó el PP" y que fue descubierta por el tripartito en la negociación del contrato con la mercantil. "Sólo con estas dos partidas, hablamos de 3,5 millones de euros sin contar ni con el caso de Calatrava ni con el de 'Villa Magdalena'", concluyó.
