El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, negó ayer que varios menores del centro de Sograndio hubieran retenido a un trabajador del centro de Sograndio el pasado 1 de enero. El portavoz del Ejecutivo admitió que se había producido un incidente con cinco menores implicados, "con los que se tomarán medidas", pero rechazó categóricamente que hubiera corrido peligro la integridad física de alguno de los empleados del centro juvenil de Sograndio.

Guillermo Martínez calificó de "acusaciones falsas e infundadas" las denuncias realizadas por el colectivo Avispa, aseguró que en el centro de Sograndio se aplican "34 protocolos de intervención, que están en proceso de actualización" y ante las acusaciones de "caos" formuladas por la citada asociación aseguró que el centro juvenil de Sograndio "está reconocido por la Fiscalía de Menores y por el Defensor del Menor, que realizan visitas periódicas a los menores y a sus abogados". El portavoz del Gobierno regional aseguró que el citado centro cuenta con 35 vigilantes y tres auxiliares para un total de 35 internos, "una ratio del 1.08 que resiste cualquier comparación con centros similares" y añadió, más adelante, que los turnos están formados por 7 vigilantes desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche y por 6 vigilantes desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana. Sobre el incidente del pasado 1 de enero, subrayó que "en ningún momento estuvo en riesgo ningún trabajador".

Según la versión del colectivo de vigilantes de seguridad en Asturias, Avispa, cinco chicos retuvieron a cuatro trabajadores de Sograndio durante un motín en el comedor el pasado 1 de enero. Siguiendo la misma versión, los menores impidieron salir a los empleados al hacer una barricada con mobiliario del centro, que vivió un episodio similar hace 6 meses, además de tres fugas en el último año.

Esta misma semana la sección sindical de Comisiones Obreras en la Consejería de Presidencia reclamó al Principado que exigiese responsabilidades a la dirección del centro de responsabilidad penal de menores en Sograndio y que dejase de culpar a los trabajadores -vigilantes y educadores- de la situación.