"El proceso en los tribunales no tiene por qué afectarnos". Así de contundente se muestra Aquilino Zapico, responsable de Ipezsa, la firma que quiere optar a la gestión y el mantenimiento del Palacio de Congresos de Calatrava, cuando se le pregunta si los distintos procesos judiciales en los que está inmersa la obra del Calatrava afectarán a sus planes.
Y es que Jovellanos XXI, a través del administrador nombrado por el juez que pilota la liquidación de la compañía tras no superar el concurso de acreedores en el que se vio inmerso, demandó por la vía contenciosa-administrativa al Ayuntamiento después de que el municipio decidiera retirarle la concesión para explotar el Palacio de Congresos. Se trata de uno de los pleitos millonarios que la ciudad tiene sobre la mesa junto a la expropiación de "Villa Magdalena". La mercantil que promovió la construcción del Calatrava reclama al Ayuntamiento unos 96 millones de euros por la construcción del complejo en Buenavista. Por su parte, el Ayuntamiento da por pagado el edificio al considerar que lo pagó con suelo público del que Jovellanos XXI sacó grandes beneficios, como es el aparcamiento bajo el edificio diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, el centro comercial o el desarrollo urbanístico -ahora en manos de Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell- de la parcela que ocupa la estación de desaparecido ferrocarril del Vasco.
Al mismo tiempo, los acreedores de Jovellanos XXI esperan conocer la decisión judicial sobre este asunto. A grandes rasgos, la compañía dejó dos grandes acreedores: el desaparecido Banco Banesto -ahora propiedad del Santander- e Ipezsa. La entidad bancaria de la familia Botín quiere recuperar los 59 millones de euros de dos créditos que dio a Jovellanos XXI para ejecutar los trabajos en el Calatrava. Por su parte, Ipezsa calcula sus pérdidas en 7,5 millones de euros.
