Los trabajadores que formaron parte del plan de empleo 2014-2015 acusan al tripartito (Somos, PSOE e IU) de actuar con "cobardía política" al "negarse" a readmitirles a pesar de que ya existen tres sentencias judiciales que declaran los despidos como improcedentes y "demuestran" que los trabajos que realizaban para el Consistorio "son estructurales y equiparables a los que desarrolla cualquier funcionario por un sueldo tres veces mayor". El colectivo considera que el Ayuntamiento les ha "traicionado" al optar por indemnizar a las personas que hasta ahora han ganado en los tribunales -aún hay 105 demandas sin sentencia con los mismos argumentos- en vez de mantenerles en unos puestos "que son necesarios y que ahora se están cubriendo por empresas privadas". Alrededor de cuarenta de los afectados -en el plan de empleo participaron un total de 118 personas- se reunieron ayer en el palacete de La Lila para constituir una plataforma y "luchar juntos" por la readmisión.
Al menos en el caso de las tres primeras sentencias, el Ayuntamiento ha optado por las indemnizaciones en base a los informes de los técnicos municipales. "Según nos dicen, esos informes reflejan que no ocupaban puestos estructurales y que estaban realizando labores de apoyo, algo que es totalmente falso", afirma Amador Martínez, uno de los trabajadores que ha presentado demanda contra el Consistorio. Martínez pone como ejemplo el de un licenciado en Derecho que fue contratado a través del Plan de Empleo y que "firmaba y elaboraba informes por menos de 800 euros al mes". Los integrantes de la nueva plataforma temen que la decisión del equipo de Gobierno -indemnizar en vez de readmitir- sea una constante a medida que van llegando las sentencias a pesar de que el tripartito se ha comprometido a estudiar cada caso particular y a solicitar a los técnicos los pertinentes informes a título individual.
La sentencias dictadas hasta el momento obligan al Ayuntamiento a pagarles a los afectados 33 días por el año trabajado y la diferencia entre lo que cobraron y el salario que se refleja en el convenio municipal para los puestos que desempeñaron. Según los cálculos de Amador Martínez, "serían alrededor de 16.000 euros por cada uno de las personas que decidan indemnizar, más el pago a la Seguridad Social". En caso de que todos los afectados reciban la compensación económica, el importe a desembolsar por el Ayuntamiento rondaría los dos millones de euros.
"Nosotros no queremos entrar por la puerta de atrás. Pedimos que nos readmitan como indefinidos no fijos al menos hasta que se convoquen oposiciones para cubrir los puestos que nosotros estábamos cubriendo y que ahora están en precario", explica Amador Martínez. Según señala, "la ley de estabilidad presupuestaria impide que el Ayuntamiento pueda contratar a no ser por sentencia judicial, así que ahora tienen la oportunidad de hacerlo".
Roberto Muñoz, otro de los denunciantes, divorciado y con dos hijos, considera que los planes de empleo se están utilizando "de manera ilegal para cubrir las necesidades del Ayuntamiento". "Yo trabajaba en el Registro General de la calle Quintana y nada más marcharme metieron a otros compañeros del Plan Joven (becarios en prácticas) para cubrir un puesto por el que un funcionario cobra 1.800 euros", asegura. En la misma línea se mantiene Javier Tapia, que mientras estuvo empleado trabajó como ordenanza en varios centros sociales del municipio. "Nosotros pasamos un examen al que se presentaron más de 3.000 personas y demostramos durante un año que estamos capacitados para el trabajo, pero parece ser que eso no sirve. Este gobierno prometió municipalizar servicios y están haciendo lo contrario", asegura. Rubén Martín también es de los que considera que "un gobierno de izquierdas tiene que dar la cara en momentos como este". A su modo de ver, "si su voluntad es la de acabar con las privatizaciones y la de ayudar a los trabajadores ahora tienen su oportunidad", señala.
La plataforma creada ayer por los trabajadores ovetenses podría ser el germen de una unidad a nivel regional entre los empleados afectados por casos similares en el resto de Ayuntamientos. "Hay mucha gente que está en nuestra posición y lo ideal sería unirse", afirma Amador Martínez.
