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La polémica política de personal del Consistorio ovetense

Las claves del enredo de los planes de empleo

El tripartito opta por gastar 2 millones para despedir a 119 parados de larga duración "El gobierno no se puede quedar mudo en este asunto", denuncia IU

Un grupo de trabajadores del plan de empleo. MIKI LÓPEZ

La deriva judicial en la que ha entrado el Ayuntamiento de Oviedo por el plan de empleo del pasado año está provocando problemas en casi todos los ámbitos de la Corporación: desde roces entre los socios de tripartito a retrasos en el diseño definitivo del presupuesto de este ejercicio. ¿Pero cuáles son los motivos que han abocado al municipio a despedir a 119 parados de larga duración? El origen del problema está en el rosario de denuncias presentadas por los trabajadores del plan de empleo que, a cuentagotas, están viendo satisfechas sus reclamaciones de manera parcial en los juzgados de los social. Éste solo es el principio de un recorrido marcado, según los magistrados, por un claro "fraude de ley" realizado por las administraciones locales.

Los antecedentes. Los planes de empleo, bajo distintas denominaciones (inserción social...), llevan años instalados en los ayuntamientos. Los últimos años han sido financiados con dinero del Principado y de la Unión Europea (UE) con objetivos dispares. Pero no fue hasta 2014 cuando los jueces comenzaron a dar la razón a los trabajadores después de un aluvión de demandas fundamentalmente en Gijón.

La doctrina jurídica. En el caso del plan de empleo ovetense, dirigido a parados de larga duración -en la última convocatoria se cubrieron 119 plazas durante un año con un presupuesto de 1,693 millones- los trabajadores solicitaban de mano que se calificara la extinción de su contrato como despido nulo. Los tribunales están aceptando parcialmente sus demandas, después de que 109 de ellos hayan reclamado. ¿Pero en base a qué? "El problema ha sido la perversión del sistema", explica Olga Blanco, letrada del despacho Éfeso Abogados, que representa a uno de los últimos operarios del plan de empleo victorioso ante el juez. Y es que, según explica esta experta en derecho laboral ovetense, ayuntamientos como el carbayón comenzaron a utilizar los planes de empleo para cubrir plazas de funcionario en lo que en las sentencias se considera un claro "fraude de ley".

El desarrollo. Los jueces, a tenor del contenido de las sentencias, parecen tener claro que los planes de empleo no cumplen, por ejemplo, con la función social para la que fueron creados. Tampoco que estén sirviendo para formar a los trabajadores, ya que muchos de ellos ejercen su función en solitario sin la supervisión de ningún empleado funcional. Los magistrados también resaltan que los contratos, presentados como de fin de obra, no son tales ya que en muchos al ocupar los operarios puestos ya existentes la tarea nunca acaba. Un ejemplo: algunos de los beneficiarios del plan de empleo ejercieron como ordenanzas en instalaciones deportivas municipales en una función que sigue siendo necesaria -y en algunos casos se cubrió a través de subcontratas- por lo que no puede hablarse de fin de obra. Es decir, tal y como explica Olga Blanco, "no se están cumpliendo las causas del contrato".

Las consecuencias. Los jueces no consideran que los despidos sean nulos ya que entienden que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de los trabajadores. Pero sí que su situación debe entenderse como un despido improcedente. Esta calificación da al Ayuntamiento dos posibilidades: o readmitir al trabajador o pagar la indemnización que recoge la ley. Esto es 33 días por año trabajado. Y dado que los contratos del plan de empleo son irregulares, los salarios no pueden tener como referencia las tablas del convenio diseñado para este tipo de iniciativas. Además, y dado que en la mayoría de los casos se da como probado que el beneficiario estaba ejerciendo trabajos de funcionario puro y duro, el convenio de referencia debe ser el de los trabajadores municipales. De esta forma, el Ayuntamiento también debe pagar la diferencia salarial.

Las cifras, con ejemplos. En muchos de los casos, los operarios del plan de empleo estaban cobrando hasta tres veces menos que lo que les correspondería como empleados públicos. Por ejemplo, un ordenanza percibía 816,67 euros brutos cuando uno en plantilla percibe 1.544,29 (sueldo, 548,47 euros; complemento de destino, 260,07; complemento específico, 615,75 y 120 euros por productividad). Así, en este caso concreto la indemnización por despido sería de 1.659,25 euros, cantidad al que hay que sumar 12.723,61 euros por la diferencia salarial. Otro ejemplo sería el de un animador socio-cultural, que cobraba 674 euros mensuales netos, cuando debería percibir 1.600. En este caso, sumada la indemnización y la diferencia salarial, el trabajador tiene derecho a percibir una suma de unos 17.000 euros.

La reacción del tripartito. El gobierno local ha optado por no recurrir las sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y pagar las indemnizaciones. Para ello ha reservado una partida de unos 2 millones de euros (1,7 millones para las diferencias salariales y 300.000 euros para las indemnizaciones). Esto obligó al tripartito a tener que rehacer el presupuesto de este año. Asumir a todos los operarios supondría un gasto aproximado de 4 millones de euros.

Los siguientes pasos. Al mismo tiempo, el tripartito ha decidido abordar caso por caso solicitando un informe a los funcionarios responsables del personal para conocer si el trabajador ocupaba o no un puesto estructural. De momento, no se ha producido ninguno de estos supuestos. De haberlo, el gobierno debería decidir si incorporar o no al operario en plantilla, que es lo que reclaman los afectados, que aseguran sentirse "traicionados" por el tripartito.

Las tensiones entre los socios de gobierno. "Ha sido un regalo envenenado del Principado a los ayuntamientos", aseguraba ayer Iván Álvarez (IU), concejal de Personal, en referencia a que los municipios "han hecho un mal uso de este tipo de contratos para no perder la subvención de la administración regional". Al mismo tiempo, aseguró que ahora mismo se trata de un asunto "totalmente sometido al Derecho" y no "a decisiones políticas". Eso sí, reconoció que el tripartito "no se puede quedar mudo en este asunto". Y añadió que "el gobierno local", apuntando directamente al alcalde, Wenceslao López (PSOE), "debería dar la cara y explicar a los trabajadores y a la opinión pública lo sucedido". Y concluyó argumentando que "si enmudecemos los problemas se agravan y el gobierno perderá credibilidad".

2,6 millones para 262 empleos. En la actualidad, el Ayuntamiento de Oviedo tiene en funcionamiento cuatro líneas distintas para tratar de paliar el problema de desempleo en la ciudad, todas ellas financiadas mano a mano con el Principado. En total, se están beneficiando de ellas 262 personas, con un coste total de casi 2,6 millones de euros.

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