La cascada de sentencias en contra que el Ayuntamiento está recibiendo de los extrabajadores del plan de empleo municipal ha producido una brecha en el seno del tripartito que crece con el paso de los días. Mientras que en el PSOE e IU abogan por seguir al pie de la letra las recomendaciones de los técnicos municipales -pagar las indemnizaciones- Somos ha pasado de cerrar filas con sus socios a cambiar de criterio. Los podemistas quieren ahora tratar de que el municipio contrate a los trabajadores despedidos en lugar de indemnizarlos (119 formaron parte del plan de empleo y 109 denunciaron). De ahí que ayer, en una encendida rueda de prensa, Iván Álvarez (IU), edil responsable del personal municipal, cargara contra los podemistas solicitando que "reconduzcan la situación y dejen de hacer populismo insensato". Y es que Álvarez considera que desde Somos están "engañando a los trabajadores" al darles esperanzas de que podrán quedarse en la plantilla municipal. El concejal dejó claro que los informes encargados a los técnicos municipales sobre cada caso son claros y que no dejan "margen de decisión política" para readmitir a los operarios. También insinuó que los podemistas mienten ya que en una de las reuniones para abordar el asunto el edil de Economía, Rubén Rosón, reconoció que "no había dinero para hacerse cargo de los trabajadores".
Algo menos contundente fue la concejala Ana Rivas (PSOE), que dijo mostrarse "sorprendida" por el cambio de criterio de Somos y subrayó que el acceso a la función pública está claro: "Libre concurrencia e igualdad de oportunidades". Y sentenció: "Da la sensación de que quieren saltarse la ley". Y desde Somos, Rosón, en una rueda de prensa junto a Ana Taboada y otros concejales de la formación, aseguró que los informes que están realizando los técnicos sobre cada caso -si los puestos que ocupaban los operarios del plan de empleo son o no estructurales- "no se corresponden con la realidad que vemos en nuestras áreas". Esto es, que sí ocupaban puestos estructurales, por lo que podría abrirse la puerta para contratarles. En todo caso, Taboada aclaró que "es obvio que no vamos a votar en contra de un informe técnico". Desde UGT se advirtió que si hay contrataciones se produciría "una total perversión" de los derechos constitucionales.
