Los votos favorables del PSOE y de Podemos sirvieron ayer para sacar adelante en la Junta una proposición no de ley de IU que insta al Gobierno central a despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia. Esta propuesta coincidió en el tiempo con la difusión, también ayer, de un documento que recoge las principales medidas del PSOE nacional en su búsqueda de socios para formar Gobierno. Entre ellas figura una ley encaminada a "garantizar los derechos de los ciudadanos a afrontar con dignidad y de acuerdo con sus decisiones el tramo final de la vida, asegurando la libertad de las personas sobre la continuación o no de los tratamientos y la prestación de los cuidados paliativos que procedan".

Lo que en rigor hizo la iniciativa de IU debatida ayer en la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado fue dar luz verde a una moción que insta al Gobierno regional a dirigirse al Ejecutivo central para que impulse la legislación relacionada con el suicidio asistido y la eutanasia. El objetivo último de la coalición de izquierdas es despenalizar el tipo recogido en el artículo 143 del Código Penal.

La diputada Marta Pulgar defendió una iniciativa que le fue trasladada por la delegación en Asturias de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Según Pulgar, "podemos afirmar sin temor a equivocarnos que existe una demanda social y un consenso ético, que se traduce en que la mayoría de la ciudadanía está a favor de su despenalización, reconociendo que la disponibilidad de la propia vida es un derecho tan fundamental como el reconocimiento de la idiosincrasia propia de cada cual". Sostiene la coalición que "sería necesario garantizar la libertad de cada persona de decidir cuándo y cómo, es decir, el momento y la forma de poner fin a su vida, especialmente cuando se padece un deterioro irreversible y un sufrimiento insoportable".

El PSOE respaldó a IU por boca de su diputada Carmen Eva Pérez Ordieres. La portavoz socialista discrepó de Pulgar en un aspecto: "Es cierto que no existe un consenso absolutamente unánime" al respecto, admitió, al tiempo que reclamó "una entente social". Según Pérez Ordieres, "los ciudadanos se han hecho cargo de la gestión de su propia vida, y ya no existe ninguna duda sobre quién es el titular, el propietario de esa vida". La portavoz del PSOE anunció que el Gobierno asturiano está trabajando en la elaboración de una ley de muerte digna que "regule el conjunto de derechos en el tramo final de la vida".

Desde las filas de Podemos, Andrés Fernández Vilanova celebró la iniciativa de IU. Según el representante del partido morado, "existe un claro consenso científico y social para que coexistan ambas cosmovisiones", en alusión a quienes apuestan por despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido y quienes se oponen a esta medida y apoyan un desarrollo de los cuidados paliativos.

El diputado del PP Carlos Suárez acudió a la experiencia registrada en algunos países europeos para ilustrar el rechazo de su partido a una modificación del Código penal. "En los lugares en los que se legaliza la eutanasia se da automáticamente la eutanasia involuntaria, no pedida. En Holanda, han sido testigos de este tipo de situaciones el 80 por ciento de los enfermeros y el 60 por ciento de los médicos", argumentó el portavoz popular.

Cristina Coto, de Foro, cuestionó que exista un consenso social suficiente para llevar adelante la iniciativa de IU, señaló que el contenido de un debate de esta naturaleza no es competencia del Parlamento asturiano y solicitó que "cada partido impulse a su homólogo nacional" para que suscite esta discusión en las Cortes Generales.

En nombre de Ciudadanos se pronunció Luis Armando Fernández Bartolomé, quien destacó que la actual regulación es "manifiestamente mejorable", pese a lo cual acometer una modificación de la misma "requeriría un nivel de matizaciones conceptuales para las cuales no es adecuado el marco de esta comisión".