Un ovetense residente en Villaviciosa ha presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil maliayo para que la Benemérita investigue la posible existencia de "una trama organizada" en Oviedo en torno a la cesión de datos a empresas especializadas en los recursos que se presentan ante las administraciones -en este caso el Ayuntamiento carbayón-. El hecho que denuncia Leonardo Díaz-Pevida, un abogado jubilado que vive en Villaviciosa desde hace 25 años, arranca el 13 de julio del año pasado. Ese día, tal y como relata Díaz-Pevida, había acudido a la capital para una cita médica. En la plaza de Castilla -"seguramente por falta de la debida atención"- se saltó un semáforo en rojo y fue captado por uno de los dispositivos conocidos como "foto-rojo".

A finales de septiembre, todavía sin conocer que había sido "cazado", Díaz-Pevida recibió, según su versión, una llamada telefónica de una empresa especializada en recurrir sanciones de tráfico. "Me lo pintaron muy negro. Me dijeron que tenía una multa en Oviedo por saltarme el semáforo que supondría el pago de 400 euros y la pérdida de 4 puntos del carné", explica a LA NUEVA_ESPAÑA el denunciante. "Se ofrecieron a recurrirla ya que aseguraban que tenía defectos de forma", prosigue. Entonces, Díaz-Pevida aceptó la oferta y dio su número de la tarjeta de crédito. En la primera semana de noviembre, tal y como demuestra la documentación (extractos bancarios, denuncia ante la guardia civil y la multa) a la que ha tenido acceso este periódico, el denunciante recibió en su casa la notificación de la multa. "Descubrí que eran solo 200 euros, 100 euros si pagaba anticipadamente, y que no me quitaban puntos", prosigue con su relato. Pagó la multa y días después descubrió un cargo en su tarjeta de la empresa de recursos, realizado el 1 de octubre por un importe de 80 euros.

"No hicieron nada y encima me cobran", explica el letrado retirado, que fue entonces cuando ató cabos y comenzó a preguntarse cómo la empresa de recursos se había enterado de la existencia de la multa. Díaz-Pevida teme que "alguien de la empresa" que gestiona el cobro de multas -en Oviedo, al igual que la recaudación de impuestos, es un servicio externalizado- "haya 'perdido' algún dato". Y añadió: "Es un delito como una casa", en referencia a que puede tratarse de una caso de cesión ilegal de datos a terceros para un uso fraudulento de ellos.

¿Pero cómo un abogado con años de ejercicio a sus espaldas da el número de su tarjeta de crédito por teléfono a una empresa que no conocía? "Lo que más me fastidia es que me tomaron el pelo", reconoce, "pero es que lo sabían todo: el día, por dónde había pasado... Y todo coincidía. No me cabe duda de que alguien les filtró que tenía una multa". Paralelamente, y después de muchos intentos, el denunciante consiguió ponerse en contacto con la empresa. "Tras muchas llamadas logré que me atendieran. Quedaron en enviarme por fax los recursos presentados ante el Ayuntamiento. Pero no me no han remitido nada", dice. Y asegura, pare reforzar su teoría que tiene amigos "a los que les ha ocurrido lo mismo".