Los niños del colegio público La Ería ya pueden cantar los goles que meten en los recreos sin miedo a que se presente en el patio una patrulla de la Policía Local. Según sostiene la asociación de padres y madres del centro, los agentes "se personaron en varias ocasiones a lo largo de los últimos 13 años", tras ser requeridos por los vecinos de la comunidad La Solana de La Ería, un edificio situado frente al colegio que llevaba pleiteando desde 2003 para conseguir la clausura del patio cubierto del colegio. Los vecinos se quejan del ruido que se genera en las instalaciones escolares, pero el Tribunal Supremo ha vuelto a echar por tierra sus argumentos dejando claro que las supuestas molestias son consecuencia "normal" de un centro de estas características. El Alto Tribunal acaba de desestimar el recurso de casación presentado por la comunidad al fallo que emitió el año pasado, cuando también se pronunció en contra de los demandantes.

"Estamos muy contentos con la sentencia. Parece ser que por fin vamos a poder ser un colegio normal, un centro en el que no vamos a tener que preocuparnos por denuncias que no tienen ningún sentido", señala Mónica Iglesias, la presidenta de la asociación de padres y madres del colegio. Iglesias explica que durante los últimos años "teníamos que pedir permisos para todo". Así, "si queríamos utilizar un megáfono o poner música durante una fiesta para los niños, por ejemplo el Carnaval o un amagüestu, había que dejar constancia en el Ayuntamiento porque si no lo hacíamos llamaban a la Policía y se presentaban en el patio los agentes", asegura.

El inicio del conflicto, según fuentes conocedoras del caso, se remonta al año 2003, la fecha en la que el Principado levantó la pista cubierta en el colegio de La Ería. "Parece ser que uno de los vecinos se quejó porque le tapaba las vistas y se inició todo el jaleo", aseguran las mismas fuentes. A partir de ahí comenzó la lucha en los juzgados. En un principio dicho vecino alegó una vulneración de sus derechos fundamentales, pero no tuvo éxito en el Contencioso Administrativo. También lo intentó "diciendo que esa pista se utilizaba fuera de las horas lectivas por personas no autorizadas", pero tampoco lo consiguió. Con el apoyo de la comunidad -integrada por tres portales de la calle Benedicto Santos 1 volvió a la carga exigiendo la clausura de la citada pista cubierta y llevando el caso hasta el Supremo, aunque la última resolución del Alto Tribunal tampoco le ha servido para conseguir sus objetivos.

"Según nos han comentado, ese vecino se hizo cargo de todos los costes del proceso a pesar de que es la comunidad la que figura como demandante", explica el padre de un alumno del centro que prefiere mantenerse en el anonimato. La "obsesión" del vecino fue tal "que llegó a pedir indemnizaciones altísimas". La presidenta de la asociación de padres y madres del centro asegura que, entre otras cosas, "la comunidad alegaba que los niños botaban todos el balón a la misma vez durante las clases de gimnasia". El director del colegio, Eduardo Fuente, que lleva 20 años en el cargo, se limitó a decir ayer que el centro ha recibido la sentencia "con enorme satisfacción".