Fue el 20 de abril de 2014, hace casi dos años, cuando LA NUEVA ESPAÑA publicó que casi un centenar de enfermeros de la región habían denunciado ante la Fiscalía una serie de presuntas irregularidades cometidas por los responsables del Colegio de Enfermería en la gestión del dinero proveniente de las cuotas de los cerca de 6.000 colegiados de la institución.
Emilio Losa, presidente colegial, fue poco después imputado por un supuesto delito de apropiación indebida que incluiría -siempre según los denunciantes- la transferencia ilícita de fondos del colegio a familiares de Losa y a algunos miembros de su junta de gobierno, entre ellos Alfonso Román López, vicepresidente de la corporación y ex diputado regional del PP. Esta supuesta trama pivotaría sobre los gastos -desmesurados, a juicio de los críticos- en el boletín mensual que publica el colegio, un trabajo llevado a cabo por la empresa madrileña BV Asesores Comunicación e Imagen.
El pasado 8 de enero, justo antes de una tensa asamblea de colegiados, Emilio Losa declaró a los medios de comunicación que la corporación que preside es "una empresa privada" y que, por consiguiente, puede contratar "al personal que considere cualificado", con independencia de que "sea familiar o no". Y precisó aún más: "Si surge una necesidad de una persona para hacer la limpieza, siempre irás a la más cercana. Ésa es la historia, y no otra".
El caso está siendo instruido por la magistrada María Luisa Llaneza, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, que está poniendo de manifiesto una más que notable lentitud en el desarrollo de los trabajos. Una parsimonia -tal vez propiciada por la sobrecarga de casos complejos- que, a juicio de los observadores, contrasta con la solvencia demostrada por el fiscal Gabriel Bernal.
Entre los promotores de la Asociación Enfermería de Asturias (AEA) existe la sospecha de que estas nuevas denuncias por el proceso electoral "fantasma" pueden enredar más madeja y llegar a beneficiar a los dirigentes colegiales.
