La junta de compensación de la operación urbanística en Loma de Canto, un área de suelo situado en la parte trasera del polideportivo de Vallobín, aprobó esta semana iniciar los trámites para declararse en concurso de acreedores, lo que abocaría al Ayuntamiento de Oviedo al pago de unos 4 millones de euros por la expropiación en el año 2010, durante el gobierno del PP, de esas parcelas.
La citada junta de compensación, que es un órgano exclusivo del ámbito del urbanismo y que forman principalmente los propietarios de los terrenos expropiados para seguir la operación, aglutina también en este caso al Ayuntamiento y al Principado. El órgano se reunió para encargar un estudio que lleve a la declaración del concurso de acreedores. Los propietarios votaron a favor, el Ayuntamiento en contra y el Principado se abstuvo. El asunto salió adelante "por una cuestión de proporcionalidad", lo que deja al municipio a un paso de tener que afrontar pagos millonarios que se sumarían a otros como los dos millones de las indemnizaciones del plan de empleo.
La decisión de la junta de compensación llega dos meses después de que un juez rechazara la anulación de la expropiación de los terrenos, situación que dejaba ya al Ayuntamiento en posición de debilidad. El municipio pretendía con esa anulación lograr la declaración lesiva de la expropiación para revertirla, debido a que el Ayuntamiento, argumentaba, era consciente de que no se podrían llevar a cabo la urbanización. El tripartito, por recomendación del abogado municipal, descartó recurrirlo.
Disconformidad
El municipio, no obstante, mostró ayer su disconformidad con la decisión de la junta de compensación, de la que forma parte. Lo hizo por boca del concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo (Somos), que aseguró que comprende a los vecinos afectados, pero que la obligación del Ayuntamiento es defender el interés general de la ciudad "Entendemos la difícil situación de los vecinos, pero nuestra obligación es el interés general. El Ayuntamiento no es responsable de la quiebra de las constructoras y esto es una consecuencia de la nefasta política urbanística del PP", aseguró.
