El parque de bomberos de Oviedo no cumple con las recomendaciones de la Unión Europea sobre el número de personas que deben prestar servicio y que establece un mínimo de efectivos en función de la población. En el cuartel del Rubín trabajan en la actualidad 71 bomberos, que deben atender una población de 221.000 habitantes, lo que arroja una ratio de un bombero por cada 3.112 habitantes. La cifra supone un tercio menos de efectivos de los recomendados (desde mediados de la década de los ochenta del siglo pasado) por la UE y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que sitúan la ratio ideal en un bombero por cada mil habitantes.
En la comparativa con la media regional, la capital asturiana sale también mal parada, puesto que según los últimos datos oficiales facilitados por la Consejería de Presidencia, en Asturias hay un bombero por cada 1.537 habitantes. Oviedo también está muy por debajo de la media nacional, con un bombero por cada 2.000 habitantes. En solo tres años, desde 2013 hasta ahora, la ciudad ha perdido 14 bomberos, según los datos públicos del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo.
La situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por la plantilla, que suma a este problema el del envejecimiento progresivo de los bomberos del cuerpo, con una media de edad de 49 años en la actualidad. El conflicto ha sido objeto de un cruce de declaraciones esta semana entre el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo (PP) y el alcalde de Oviedo, Wenceslao López (PSOE), que defiende que la nueva legislación del PP para las administraciones públicas les impide contratar más personal, extremo que De Lorenzo ha negado. Mientras, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, considera que para prestar un servicio de calidad el municipio debería contar al menos con una plantilla de 90 bomberos. Sin embargo, para cumplir con las exigencias de la Unión Europea el parque debería contar con 221 efectivos. La escasez de efectivos fue evidente hace justo una semana con el incendio de la calle Uría. Bomberos que estaban de descanso, como el fallecido, Eloy Palacio Alonso, tuvieron que incorporarse al operativo. Además, fue necesario pedir ayuda a los bomberos del Principado. En el cuartel del Rubín no quedó ni un solo bombero para atender otras emergencias.
Las pesquisas
La unidad de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía entró ayer por primera vez en el edificio con la autorización de la juez del caso para recabar pruebas. La operación estuvo dirigida por el jefe de la unidad, Isaac Carrera, que accedió al edificio con otro agente desde la grúa de un camión de bomberos. Realizaron múltiples fotografías y concentraron los trabajos en el recrecido del edificio, donde trabajaban el bombero fallecido y el superviviente cuando se produjo el derrumbe.
Los agentes llegaron a la calle Uría a las nueve de la mañana, donde les esperaba el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo; el jefe de la Policía Local, José Manuel López; y varios técnicos municipales, entre ellos Ignacio Ruiz Latierro y Felipe Díaz de Miranda. Todos tenían orden de garantizar el acceso a los policías para recabar pruebas antes de comenzar a apuntalar, para que el escenario del incendio estuviese intacto, sin contaminación. Los bomberos tuvieron que acceder primero con mangueras para apagar unos rescoldos. A continuación, los agentes se pusieron ropa de faena para recoger pruebas. Investigan si alguna sustancia química utilizada para tratar la madera pudo actuar como acelerante del fuego.
