El Ayuntamiento de Oviedo expropió la finca de "Villa Magdalena" en el año 1998 pagando al propietario 3,1 millones de euros. Ese año, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar (PP), modificó la ley del suelo y el justiprecio de la finca se fijó en 11,2 millones. En sólo cinco meses, el valor del mismo suelo había subido ocho millones de euros. Eran finales de los noventa, principios de la burbuja inmobiliaria. Años después, la tasación se disparó a 21,3 millones ¿Cómo se puede revalorizar tanto el precio de una parcela en la que no se puede edificar y cuyo valor en el mercado es muy bajo?
Los expertos en Derecho Administrativo consultados apuntan a varios factores. A saber: la ley de Aznar, "que elevó la posibilidad de subir el justiprecio" en las expropiaciones, el "boom" inmobiliario y los "coeficientes sobredimensionados", una tasación inicial alta (3,1 millones), la no consignación de la deuda en el presupuesto y el consiguiente impago, la "cultura del pelotazo urbanístico", las incidencias procesales (intereses) y hasta la "abultada" capacidad de maniobra del jurado de expropiación.
La parcela de Villa Magdalena está clasificada como suelo urbano (dentro de la ciudad) pero no edificable, al estar protegida. El valor de este tipo de fincas se determina en base a las del entorno. Hasta la ley de Aznar, en 1998, la edificabilidad a efectos expropiatorios de estas parcelas tenía el límite de uno por uno: un metro cuadrado edificable por cada metro cuadrado de superficie. La ley del expresidente popular abrió el abanico y se pasó a igualar directamente el valor de estas fincas a los edificios del entorno: esto es, imaginar el número de pisos y locales que cabrían en la finca (ficticios, porque nunca podrán edificarse) y tasar un precio. "Con la legislación de Aznar, las valoraciones adquirieron el máximo nivel de mercado", sostiene Leopoldo Tolivar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. "Esta ley supuso una elevación importante del justiprecio", añade Alejandro Huergo, también catedrático de Derecho Administrativo, que explica que "la retasación elevó las cifras porque los valores no son iguales en 1998, 2000 o 2007". Javier Junceda, director de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) dice que "la clave es la valoración del suelo en época del 'boom', había coeficientes bestiales". Junceda no relaciona el incremento del precio con la ley de Aznar, pero coincide en que la no consignación de las cantidades y las incidencias procesales contribuyeron a aumentar el coste final. "Esta clase de suelo nunca se suele expropiar. Es como jugar con fuego", sentencia Huergo.
