El pliego de condiciones para la adjudicación de la gestión de la perrera municipal ha indignado a los animalistas, que temen que el albergue de animales municipal se acabe convirtiendo en "un horno crematorio" en el que acaben sus días las mascotas -tras ser sacrificadas- abandonadas que lleguen a la instalación de la Bolgachina.
Los animalistas del concejo, agrupados en la Plataforma de Entidades de Protección Animal (PEPA), tienen claro que con las condiciones plasmadas por el gobierno local en el pliego de condiciones -publicado anteayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)-, se va camino de adjudicar el contrato a una empresa privada "en busca de negocio". "Al leer los pliegos tenemos la sensación de que van destinados a privatizar el servicio y no a adjudicarlo a una protectora", explica Sandra Suárez, portavoz del colectivo PEPA.
El principal escollo que encuentran los animalistas para presentarse al concurso se centra en la obligación de tener que subrogar a la media docena de trabajadores que ahora mismo trabajan en la perrera de la Bolgachina. "Cada asociación tiene su equipo de trabajo de confianza", explica Suárez. Y es que las protectoras consideran que su filosofía -basada en acabar con los sacrificios y fomentar las esterilizaciones y las adopciones de animales- "choca" con la manera de trabajar de los actuales gestores de la perrera. "Se necesita personal con cierta sensibilidad y conocedores de un cierto protocolo", señala Suárez, que aclara que "no queremos echar a nadie a la calle". Aunque estas entidades, señala Suárez, concentran buena parte de su labor "en manos de voluntarios".
Pero lo cierto es que las asociaciones protectoras ya han decidido no presentarse al concurso, por lo que este, a falta de que arranque todo el proceso administrativo, podría quedar desierto. La adjudicación del contrato es por cuatro años. El Ayuntamiento destinará una subvención anual con anualidades que se irán reduciendo cada doce meses. De esta forma, el primer año la subvención será de 280.387 euros, para luego pasar a 264.747 euros en el segundo y a 249.107 y 233.352 euros el tercer y cuarto año respectivamente. En el pliego de condiciones también se recoge el coste de la plantilla, compuesta por un encargado y cinco cuidadores, que perciben un total de 106.615 euros anuales.
Ante las quejas de las protectoras, el grupo municipal del PP emitió ayer un comunicado en el que exigió al tripartito de "retirar" el pliego de condiciones ya que la "única intención" del tripartito es la de "privatizar y mercantilizar un servicio que desde hace años se encarga de realizar una asociación".
