Después de que la juez Pilar de Lara haya citado como "investigado" (antes denominado "imputado"), al interventor del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis González Díaz, por presunto tráfico de influencias, como adelantó ayer este periódico, la primer teniente de alcaldía, Ana Taboada (Somos) manifestó ayer que les parecía que "era bastante laxo el informe del interventor" por el cual la Corporación devolvió una fianza de 400.000 euros a la empresa Tribugest, integrada en el grupo Aquagest.
Aquagest está siendo investigada por De Lara en el juzgado número 1 de Lugo, dentro de la instrucción del "caso Pokémon". La sospecha que cae sobre el citado interventor es que informó favorablemente de esa devolución cuando el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo (PP) era edil de Hacienda, un hecho que la investigación vincula a viajes de este político presuntamente pagados por Aquagest. "El informe era laxo y como la propia juez dice no estaba respaldado por ningún informe técnico, sino al contrario, ya que varios informes habían dicho que no se podía devolver esa cantidad", reafirmó Taboada, quien asimismo volvió a insistir en que Caunedo debe dejar su cargo como concejal. "Formó parte de esa decisión e instó para que se hiciera así, como se deduce de la investigación y, por tanto, no podemos seguir sentándonos en el mismo Pleno que una persona imputada por un delito tan grave".
