El tripartito anuncia la "persecución civil y penal" del PP por "Villa Magdalena"

Asistentes a la asamblea informativa del Ayuntamiento piden declarar "personas non gratas" a los implicados en la millonaria expropiación

22.05.2016 | 05:25
El tripartito anuncia la "persecución civil y penal" del PP por "Villa Magdalena"

"Llegaremos hasta el final en la persecución civil y penal de los causantes del 'caso Villa Magdalena'", sentenció ayer la portavoz de IU en el Ayuntamiento, Cristina Pontón, quien junto al alcalde Wenceslao López (PSOE), a la concejala Ana Taboada y al edil de Hacienda, Rubén Rosón (ambos de Somos Oviedo), explicaron ante una asamblea de ciudadanos las consecuencias de la reciente sentencia de Tribunal Supremo por la que la municipalidad habrá de desembolsar otros 30 millones de euros por la expropiación de dicha quinta y solar, hoy biblioteca pública, y cuyo procedimiento administrativo arrancó hace 30 años. Con dicha sentencia firme, "Villa Magdalena" le habrá costado unos 60 millones de euros al Ayuntamiento, "un desastre generado por Gabino de Lorenzo y compañía del PP", precisó Taboada.

La asamblea informativa de ayer, la primera de este género que convoca el Ayuntamiento, reunió a unas 300 personas en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe, y en el turno de preguntas no sólo se exigió la persecución judicial de los implicados del PP, sino incluso su declaración como "personas non gratas". De hecho, en la misma asamblea se constituyó una plataforma ciudadana que recogerá firmas por toda la ciudad para "exigir responsabilidades políticas y económicas". La iniciativa la lideró Daniel Latorre, vecino de La Corredoria, quien argumentó que "la sociedad civil tiene que ser consciente y estar informada de estos sucesos".

Por su parte, el alcalde Wenceslao López describió que el tripartito se dedica a "gestionar el caos y la indecencia política" dejada por el anterior gobierno municipal del PP. También describió el caso de autos como "una ingeniería financiera e inmobiliaria" que arranca poco después de que el Ayuntamiento decidiera en su Plan General de Ordenación de 1986 que la finca y la casona son "un bien de interés público expropiable". López atribuyó ayer a "la amistad" entre Gabino de Lorenzo y el empresario inmobiliario Miguel Ángel Menéndez del Fueyo (Comansa) una operación que hubiera tenido un final medianamente aceptable en 1998, cuando se tasa la expropiación "en 11,2 millones de euros, pero aunque el equipo de De Lorenzo decide consignar ese dinero y recurrir dicha tasación, no lo hace, con lo que al pasar dos años Comansa pide otra tasación que ya se dispara a los 60 millones", cifra ahora respaldada por el Supremo. "No hay por dónde coger esta catástrofe", concluyó el regidor.

Precisamente a ese momento crítico de 1998 -y al bienio que le sigue- se refirió a continuación Ana Taboada, y, en particular, "a los trece plenos del Ayuntamiento celebrados durante esos dos años y en los que la oposición municipal reclamaba al equipo de gobierno del PP que consignase el dinero". Antes de ello, se había celebrado la "junta de gobierno del 27 de noviembre de 1998", cuyo acta citó ayer la concejala de Somos refiriendo a todos los ediles del PP, con la excepción del "alcalde Gabino de Lorenzo, que no asistió a esa reunión porque siempre ha estado ausente en los momento clave".

La obligatoriedad de dicha consignación había sido también urgida "por los técnicos municipales", pero ni eso ni los trece plenos "evitaron el desastre". Tras ese repaso histórico, Ana Taboada afirmó que a "De Lorenzo, Agustín Iglesias Caunedo o Gerardo Antuña" se les debe exigir "responsabilidades" e incluso deberían poner "su patrimonio personal a disposición del Ayuntamiento", para paliar en parte el quebranto económico de "Villa Magdalena".

La portavoz de Somos apuntó asimismo al PP en general, que sería "cómplice del saqueo a las arcas públicas de Oviedo". Taboada agregó que toda la operación podría haber sido realizada "de forma consciente y voluntaria". En cuanto a los pasos sucesivos, la concejala de Participación esperará a "un informe de la Universidad" sobre los aspectos patrimoniales, administrativos o hacendísticos del caso, para después "evaluar las consecuencias legales". Después vendrán las reclamaciones de "responsabilidad patrimonial", e incluso "acudiremos a los tribunales penales si hallamos transferencias a cambio de tráfico de influencias o gestión municipal irresponsable y dolosa".

Tras las intervenciones de alcalde y ediles, unas 20 personas pidieron el uso de la palabra. La mayoría se mostraron indignadas. "Esas persona no pueden pasear por esta ciudad", afirmó uno. "Hay que ponerles en evidencia", propuso otro interviniente. "Tienen que pasar por el trago de que los vecinos les digamos a la cara: 'Nos habéis robado'". Uno más añadió: "Los ovetenses se conformaban con el 'qué guapo y limpio está todo', pero por debajo pasaban estas cosas y es el momento de hacer pedagogía cara a cara con los ciudadanos". En general los intervinientes elogiaron la convocatoria de la asamblea de ayer y dejaron en el aire la pregunta "Y contra todo esto, ¿qué podemos hacer los ciudadanos?".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine